La Fiscalía brasileña suspendió la cooperación jurídica con autoridades judiciales peruanas luego de que la empresa Novonor —nombre actual de la constructora Odebrecht— denunciara la violación de un acuerdo entre las partes sobre el uso de pruebas producidas en Brasil sobre el caso Lava Jato.
Novonor, antes conocida como Odebrecht, la empresa constructora brasileña relacionada a escándalos de corrupción y sobornos por contratos de licitaciones en casi toda Sudamérica, pidió a la justicia brasileña el fin de la colaboración con tribunales peruanos.
La petición se enmarca en la presunta violación del acuerdo legal firmado entre la partes que incluye la no utilización en el ámbito judicial peruano de pruebas producidas en Brasil contra la empresa.
El Ministerio Público Federal de Brasil decidió entonces suspender el acuerdo de cooperación jurídica con la justicia peruana en relación con el caso Odebrecht —también popular por su nombre en portugués, caso Lava Jato— el pasado 1° de noviembre de 2022.
La fiscal ad hoc para la arista peruana del caso Odebrecht, investigado por la Procuraduría General del Estado del Perú, Silvana Carrión, advirtió sobre la ralentización en la cooperación con autoridades brasileñas respecto a la investigación, debido a la desactivación de la unidad de investigación en Brasil en febrero de 2021.
Carrión afirmó a medios locales que «ya no existe rapidez en la programación de diligencias», lo cual consideró como «un obstáculo que no depende de las autoridades peruanas».
El caso Odebrecht, «es un caso de trascendencia internacional y la cooperación con Brasil ha sido fundamental para avanzar en este proceso». Sin embargo, «esta cooperación viene siendo un poco más lenta a raíz de la pandemia, pero luego, a partir de la desactivación del equipo Lava Jato en Brasil, finalmente no hay esta fluidez o rapidez en el señalamiento de diligencias que deben existir para recibir la información de Brasil», subrayó.
La fiscal peruana evidenció que existen 70 nombres en código «pendientes de ser decodificados» y que la falta de cooperación con autoridades brasileñas, «no ha permitido que la información termine de ser recibida».