Las controversias entre Gobierno y oposición marcaron la adopción del decreto ley para el ahorro de energía en España, abocada hoy a consensos ante el temor de un duro invierno.
El punto focal de la crisis energética en Europa es la guerra en Ucrania y la casi absoluta certeza de que continuará, por lo cual la dependencia del gas ruso y las sanciones impuestas a Moscú, hacen difícil vislumbrar un panorama optimista.
De hecho, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comenzó este viernes una nueva ronda de conversaciones con los principales sectores (políticos, sindicales y de la sociedad civil) en busca de apoyos para reducir el consumo de gas.
La idea, que deberían respaldar también las empresas, es impulsar un Plan de Contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas, la sede principal del brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), la Comisión.
Por ahora no hay claridad hasta que punto puede complicarse el tema ante la cercanía del invierno, sobre todo cuando en España, por ejemplo, la decisión gubernamental es reducir a la mínima expresión el consumo de energías en lugares públicos y comercios.
Ayer, el Ejecutivo de izquierdas que encabeza el socialista Pedro Sánchez logró sacar adelante en el Congreso el decreto ley de ahorro energético, con 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención.
Las propuestas que ya entraron en vigor a mediados de agosto y se incrementarán en septiembre, suponen el ahorro de energía en edificios administrativos y espacios comerciales, y fija el apagado de los escaparates (vidrieras) a partir de las 22:00, hora local.
Asimismo, limita el aire acondicionado a los 27 grados en verano -salvo excepciones- y la calefacción por encima de 19 grados en invierno.
La temida crisis energética, en profundidad, hizo además al Ejecutivo implantar la gratuidad de hasta el 100 por ciento de los abonos de Renfe (trenes) de cercanías y media distancia del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
Igualmente, entregó 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte.