Coches bomba, secuestros y asesinatos de políticos fueron sólo algunas de las escenas de terror que se vivieron en Colombia durante el apogeo del narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1990, un contexto que se ha vuelto referente de la fuerza que pueden alcanzar grupos dedicados al crimen organizado.
El caso colombiano sobre la violencia siempre ha sido comparado con el mexicano. Sin embargo, es un hecho que México ya vive una peor situación que a la de aquella Colombia que sufrió el yugo de Los Extraditables por casi una década.
Para investigadores como Edgardo Buscaglia, académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, el problema del narcotráfico en México es exponencialmente mayor que el que vivió el país sudamericano durante la época de Los Extraditables y Pablo Escobar, ya que se transformó en una ‘mafiocracia’ que funge como un Estado paralelo al Gobierno mexicano.
En entrevista, el autor de Vacíos de Poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada señala que los niveles de violencia registrados durante el terrorismo de Estado que se vivió en Colombia se quedan cortos si se comparan con las cifras mexicanas, e incluso a pesar de que muchos de los ataques eran hacia políticos.
Entre 2006 y 2021, en México se han cometido 350.000 asesinatos que se adjudican a la llamada «guerra contra el narcotráfico» que emprendió el expresidente panista Felipe Calderón, de acuerdo con datos proporcionados por José Luis Pardo, autor del libro Narcoamérica, a The Washington Post.
«Son niveles de delincuencia que Colombia nunca experimentó. Los niveles de violencia [en México] son muy superiores. Los montos de los negocios de los cárteles mexicanos son muy superiores a los de Colombia en su momento y la diversidad criminológica de los tipos de delitos es mucho mayor que el de Colombia, por lo que es un problema más difícil de resolver por la magnitud y diversidad de los delitos», señala el especialista.
Para el investigador la «mafiocracia» mexicana «es una telaraña criminológica más compleja que la colombiana», pues «ha diversificado a delitos complejos mucho más graves que el simple tráfico de drogas».
«El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa se dedican en gran parte a trata de personas, compra-venta de seres humanos, tráfico de migrantes; están traficando más de 100 tipos de drogas, fentanilos y variaciones de opioides. Tienen tentáculos en la industria farmacéutica mexicana para conseguir insumos; se dedican a la falsificación de marcas, de monedas. Es una delincuencia que, en escala, es mucho mayor que la colombiana y eso se manifiesta a través de la violencia con la cual compiten por capturar nuevos mercados y nuevos territorios. Va mucho más allá de drogas», afirma Buscaglia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SESNSP), durante el primer semestre del 2022 se reportó un incremento del 22% en las víctimas de trata con 406 víctimas. Sin embargo, esta cifra sólo representaría el 7% del total de las víctimas, toda vez que el 93% no se denuncia, según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Con ello, México se mantiene entre los primeros tres países con mayor trata de personas en el mundo, tan sólo por debajo de Tailandia y Camboya, acorde con datos de la organización A21.
La guerra contra el narco: una simulación
Buscaglia, uno de los mayores expertos en seguridad y narcotráfico en América Latina, asegura que políticos, narcotraficantes y empresarios viven en un «pacto de impunidad mafioso» que impide el verdadero combate a la corrupción, la auditoría a partidos políticos y la investigación a fondo de redes de lavado de dinero que operan fuera del sistema bancario (como los son las propias farmacéuticas o la industria joyera).
«López Obrador lo hizo evidente, subió al poder anunciando que iba a aplicar una amnistía anticipada a los políticos involucrados en delitos, ahora lo tradujo en abrazos y no balazos. Lo cierto es que la corrupción al más alto nivel en México no se combate», dice.
En cambio, observa, cuando llegan servidores públicos que sí atienden la corrupción, son destituidos, como fue el caso de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusa Buscaglia.
En este contexto, el presidente mexicano en turno se vuelve «gerente operativo de la mafiocracia mexicana», consciente o inconscientemente, al tiempo que se encarga de simular el combate a la delincuencia organizada con la captura de líderes históricos, pero no operativos, como en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán o el propio Rafael Caro Quintero, detenido apenas el pasado mes de julio.
«México ha vivido en un show de simulación de combate a la delincuencia organizada, en gran parte estimulado por Estados Unidos, que pretendía descabezar a las organizaciones criminales», comenta el investigador.
Esta simulación, señala, llega a niveles en los que se organizan «operativos que nacen muertos», es decir, con pocos militares y pocas armas que, en poco tiempo, se ven superados por la fuerza de las organizaciones criminales.
La captura y posterior liberación del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en febrero de 2019, es uno de los ejemplos más claros para el académico, dado que el propio presidente López Obrador reconoció que las fuerzas del Estado se vieron superadas.
Un Estado paralelo
Ante la inacción de las instituciones de seguridad, la corrupción de políticos y empresarios, así la imposibilidad de que la ciudadanía pueda actuar de forma activa en la Administración pública para atender precisamente estos problemas, México se enfrenta a grupos delincuenciales que muchas veces actúan como un Estado paralelo y proveen de recursos a las poblaciones que controlan.
«Ante la fragmentación del sistema político y del debilitamiento del Estado mexicano que no es capaz ni de proveer de agua, la delincuencia organizada cada vez gobierna más a diferentes regiones del país. La delincuencia organizada provee de agua en Sinaloa, mecanismos de resolución de disputas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, provee de centros de salud preventivos. La delincuencia organizada en México se está convirtiendo en un Estado paralelo como yo lo veía en Afganistán», opina Edgardo Buscaglia.
Parte del problema, detalla Buscaglia, es la negativa de las autoridades a reconocer la magnitud del mismo. Por ejemplo, apenas en la Ciudad de México se reconoce que la capital funge como almacén del Cártel de Sinaloa, cuando durante las últimas tres Administraciones se negó la presencia de grupos criminales, incluso, cuando desde hace más de 10 años se denunció que la capital es «el centro patrimonial» de los delincuentes mexicanos.
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Atender las raíces del problema
La solución tiene que centrarse en la ciudadanía, con un papel más activo en la sociedad que presione a las élites a través de huelgas masivas y paros, que a su vez impulsen que la sociedad civil tenga injerencia directa y real en las políticas públicas, en un sistema político que actualmente está reservado para los integrantes de partidos o la burocracia, afirma.
«En la sociedad mexicana no hay una reacción unida que le cause un costo a las élites en un país con más de 100.000 desparecidos, no en un país con tanta violencia. La reacción social es fragmentada, corrompida, no existe ese factor de catalizador social», critica el investigador.
A esto se suman los problemas en medios de comunicación donde se difunde o propaganda gubernamental o se cae en el activismo progubernamental que limita la crítica y el entendimiento público.
Pese al panorama, Edgardo Buscaglia se siente optimista con la situación mexicana y considera que las soluciones llegarán con la promoción de un cambio social y con políticas públicas que no sean «masturbaciones jurídicas», como considera que son las actuales leyes de transparencia. La estrategia, además, deberá basarse en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, que ataja el problema desde un enfoque judicial, de prevención de la corrupción política y el lavado de dinero.
«La ciudadanía debe tener el poder de auditar a las instituciones del Estado y de generar reportes de auditoría vinculantes a las Fiscalías, y que los fiscales estén obligados a investigar esos reportes, eso en México no se hace», concluye el investigador.