La vicepresidenta Delcy Rodríguez instó al Gobierno de Reino Unido a rectificar y devolver a la nación suramericana los recursos que le pertenecen.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes el fallo de un tribunal de Reino Unido de impedir el acceso de Venezuela a sus reservas en oro custodiadas en ese país europeo, decisión que consideró amordazada a una política exterior anacrónica de la Corona británica.
La mandataria manifestó que dicha política busca usurpar las riquezas del pueblo venezolano, y dejó claro que la narrativa sobre el mandato ficticio del exdiputado opositor Juan Guaidó al frente de Venezuela obedeció a una operación para justificar el robo de esos activos.
Informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dispone de una prueba contundente que será mostrada en los próximos días e instó al Gobierno de Reino Unido a rectificar y devolver a la nación suramericana los recursos que le pertenecen.
Ratificó que Guaidó nunca será presidente de la nación suramericana, cuyo pueblo conoce su historial al frente de un grupo criminal que, entre otras cosas, causó mucho daño llamando a invasiones, crímenes y bloqueos económicos.
Agregó que Guaidó no goza del afecto del pueblo venezolano y aseguró que en Venezuela se hará justicia con ese grupo criminal.
Dejó claro que el Banco Central de Venezuela (BCV), único facultado para administrar esos activos, dejó esas reservas en custodia en Reino Unido, y la decisión del tribunal viola la inmunidad que las leyes internacionales conceden a dichos recursos.
Subrayó que el BCV acudió ante los tribunales británicos para que se corrigiera la insólita decisión de las autoridades de Reino Unido de reconocer un Gobierno inexistente.
Además, respaldó la decisión del BCV de utilizar todas las acciones legales a su alcance para recurrir la decisión del tribunal británico ante instancias internacionales.
Rodríguez agradeció la solidaridad de Bancos Centrales de otros países que en las últimas horas se comunicaron con Venezuela para expresar su rechazo a la decisión del tribunal británico e indagar cómo se podría concretar tal despojo, ante el temor de que en el futuro inmediato ello pueda ocurrirle a terceras naciones.
Recordó que la maniobra para apropiarse del oro venezolano se une a las medidas restrictivas unilaterales impuestas por EE.UU. y otros países a Caracas.
BCV recurrirá la decisión
Este viernes, el Banco Central de Venezuela rechazó el pronunciamiento de un tribunal británico, “que una vez más, de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales, constitucional y legalmente corresponde ser ejercidas por el Banco Central de Venezuela”.
En un comunicado, la entidad aseguró que “dicha decisión judicial violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer las autoridades legítimas del Banco Central de Venezuela, para justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela”.
Consideró “sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados”.
El texto añade que “el Banco de Inglaterra, violentando todo el sistema internacional de inversiones, y debida custodia delegada, ha mostrado en todo momento su complacencia con estos artilugios antijurídicos para beneficiarse de la apropiación indebida del oro de los venezolanos, causando un daño enorme que sigue al pie de la letra la sumisa e inexistente justicia de esos tribunales ingleses”.
Además, insta a la comunidad internacional a “tener conciencia de que el continuo boicot a las facultades asignadas al Banco Central de Venezuela sobre la administración de sus reservas internacionales, está patrocinado por la política exterior de un Estado que no respeta nada, ni el orden legal ni constitucional de los otros estados, ni de sus instituciones, violando gravemente el Derecho Internacional Público”.