Áñez se convirtió en líder del país en 2019 tras la renuncia del expresidente Evo Morales por presiones de la oposición boliviana. Después de organizar una nueva elección presidencial en octubre de 2020, fue arrestada en marzo de 2021 y acusada de participar y organizar el golpe de estado de 2019.
La expresidenta boliviana Jeanine Anez fue sentenciada el viernes a 10 años de prisión luego de ser declarada culpable de participar en el golpe de estado de 2019 que le permitió llegar al poder y reemplazar a su predecesor, Evo Morales.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz de Bolivia dictó sentencia por los delitos de incumplimiento de sus funciones, así como resoluciones contrarias a la ley y la constitución, que habría cometido tras su llegada al poder en noviembre de 2019.
Luego de más de siete horas de deliberación, el tribunal también condenó a 10 años al exgeneral de la Policía, Yuri Calderón, y al excomandante en jefe de las fuerzas armadas, Williams Kaliman Romero, ambos actualmente prófugos.
Según los informes, la fiscalía solicitó en sus alegatos finales 15 años de prisión para Áñez y los otros seis acusados, que son miembros del alto mando policial y militar.
Los abogados defensores de Áñez han indicado su intención de presentar una apelación y señalaron que se comunicarán con organismos internacionales para rectificar el fallo de la corte. Luis Guillén, quien representó a Anez, le dijo al New York Times que la decisión fue ‘políticamente motivada’.
Áñez, entonces senadora asumió el poder temporalmente en 2019 en medio de una crisis política y social, que Morales describió como un golpe de estado, luego de que se viera obligado a renunciar debido a las protestas cívicas y la agitación política. En ese momento, Morales había ganado un nuevo mandato como jefe de Estado en las elecciones de octubre de 2019.
Debido a las limitaciones de COVID-19, la corte comenzó virtualmente el jueves. Según los informes, el abogado de Áñez solicitó que el juicio se celebrara en persona y que se pospusiera. Sin embargo, no se había establecido una nueva fecha.
El político conservador de 54 años ha estado bajo custodia preventiva durante más de un año. Informes anteriores han detallado que supuestamente trató de hacerse daño e incluso llegó a declararse en huelga de hambre. Ha mantenido su inocencia durante la investigación y el juicio, alegando que todo el proceso fue una persecución política.
En octubre de 2021, una investigación oficial no encontró evidencia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2019, como lo indica un informe de agosto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo en ese momento el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.