Aprueba en primera lectura proyecto de ley sobre el ‘control externo’ de empresas extranjeras que han salido del país
Los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite a Moscú introducir el control sobre los activos de empresas extranjeras en Rusia si sus propietarios han cesado sus actividades en el país «sin razones económicas aparentes». La legislación fue aprobada en primera lectura en la Duma estatal rusa el martes.
El proyecto de ley se aplica a las empresas en las que las acciones extranjeras representan el 25% o más si tienen una importancia «importante» para la economía rusa. Podrían ser el único proveedor de «industrias de importancia crítica», producir bienes de primera necesidad o ser un pilar económico local.
La legislación está dirigida principalmente a las empresas que abandonaron Rusia y decidieron hacerlo «basándose en los sentimientos antirrusos en Europa y Estados Unidos», dice un comunicado publicado por la Duma del Estado.
El control externo solo puede ser impuesto por un tribunal por un período de hasta 18 meses, dice el proyecto de ley. La medida podría levantarse antes de la fecha prevista si los accionistas que en conjunto poseen más del 50% de las acciones presentan una solicitud a las autoridades rusas y eliminan las causas que llevaron a la decisión judicial.
Un tribunal podría imponer un control externo sobre los activos de una empresa por una serie de razones, incluidas las crisis del lado de la oferta, las infracciones clave de la cadena de suministro, así como la reducción de puestos de trabajo y las «acciones o inacción» que podrían provocar víctimas o desastres tecnogénicos.
Moscú ha estado considerando la incautación de activos extranjeros durante meses después de que muchas empresas extranjeras detuvieran sus operaciones en el país por los combates en Ucrania. Grupos de protección al consumidor como Public Consumer Initiative (OPI) han pedido que se introduzca la medida contra empresas como Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Volkswagen, Porsche, Toyota, H&M y otros.
Según el proyecto de ley propuesto, la gestión externa no significaría la nacionalización total. Los propietarios extranjeros tendrían la oportunidad de recuperar sus activos y reanudar sus operaciones en Rusia, o vender sus acciones.
Rusia atacó a su estado vecino luego de que Ucrania no implementara los términos de los acuerdos de Minsk, firmados en 2014, y el eventual reconocimiento de Moscú de las repúblicas de Donbass de Donetsk y Lugansk. El Protocolo de Minsk negociado por Alemania y Francia fue diseñado para otorgar a las regiones separatistas un estatus especial dentro del estado ucraniano.
Desde entonces, el Kremlin ha exigido que Ucrania se declare oficialmente un país neutral que nunca se unirá a la OTAN. Kiev insiste en que la ofensiva rusa no fue provocada en absoluto y ha negado las afirmaciones de que planeaba retomar las dos repúblicas por la fuerza.
Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, las naciones occidentales congelaron alrededor de la mitad de las reservas internacionales de Rusia, alrededor de $ 300 mil millones. Funcionarios occidentales, incluido el principal diplomático de la UE, Josep Borrell, y el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, sugirieron incautar estos activos para financiar la reconstrucción de Ucrania. Moscú criticó las medidas propuestas como “robo”.