BANGKOK — La ex gobernante de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, fue declarada culpable de haber recibido en 2017 y 2018 sobornos de 600.000 dólares en metálico y lingotes de oro del antiguo gobernador de Rangún y sentenciada a cinco años de prisión.
Así lo comunicó el diario opositor The Irrawady citando a uno de los asesores legales de Aung San Suu Kyi.
La fuente insistió en el anonimato puesto que las leyes en vigor prohíben informar sobre los juicios que se celebran a puertas cerradas, como ha sido el caso.
La sentencia, dictada por un tribunal de Naipydó, es la primera en uno de los múltiples juicios por corrupción a los que se enfrenta la antigua líder de Birmania y nobel de la Paz 1991.
A principios de diciembre pasado, Aung San Suu Kyi fue condenada a cuatro años de prisión, por incitación y violación de las normas anticovid. El depuesto presidente Win Myint recibió un veredicto similar. Más tarde, la condena de ambos políticos fue conmutada a dos años.
En enero de 2022, la ex consejera de Estado fue sentenciada a cuatro años de cárcel por varios cargos, entre ellos por la tenencia de comunicadores portátiles sin licencia, y declarada culpable de cinco nuevos cargos de corrupción.
En total, Aung San Suu Kyi podría enfrentar hasta 164 años de cárcel, según los medios birmanos.
El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi.
Los altos mandos del ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.
Desde entonces, la exlíder permanece bajo custodia en una residencia cuyo lugar se mantiene en secreto.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios generales de 2020. Su decisión, que alegaba millones de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, posibilita la disolución de la LND.
Según el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2023.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que al menos 1.798 personas murieron a causa de la represión militar en Birmania del 1 de febrero de 2021 al 26 de abril de 2022. De las 13.401 personas arrestadas en este período, 10.354 siguen detenidas.