El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el más reciente reporte del secretario general del organismo multilateral, António Guterres, sobre el proceso de paz en Colombia y sus múltiples desafíos
La semana anterior, el máximo representante de Naciones Unidas reiteró su preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz en ese territorio.
Al cumplirse el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en esa nación suramericana, Guterres destacó los numerosos desafíos que aún tienen por delante.
Del mismo modo, consideró que “Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo al mismo tiempo de ejemplo de que se puede poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo».
Estas consideraciones también están contenidas en el informe que será presentado este jueves en el Consejo de Seguridad y que abarca el periodo del 25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021.
Además, el reporte señala preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz, especialmente la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo.
El documento apunta que revertir esta tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas y advierte que, de persistir las agresiones, una ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente.
A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, indican estadísticas de la ONU, casi el 59 por ciento de los más de 13 mil excombatientes acreditados, incluyendo el 64 por ciento de las mujeres exguerrilleras, participan en proyectos productivos.
Pero la violencia contra los exguerrilleros colombianos se mantiene como la mayor amenaza para su transición a la vida civil.
Desde la rúbrica del Acuerdo de Paz en Colombia 303 excombatientes (10 mujeres) fueron asesinados, 10 durante el periodo del informe, entre ellos, María Muñoz, excombatiente indígena del Cauca, puntualiza el reporte del secretario general.
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Frente a tal escenario, Naciones Unidas llamó a fortalecer la presencia del Estado para frenar esas agresiones y velar por la estabilidad del país.
En tanto, el Gobierno de Bogotá intenta promover un panorama de éxitos en sus programas de implementación del acuerdo, pese a las numerosas denuncias y reclamos ciudadanos y de organizaciones políticas y sociales.