Un grupo de derechos humanos cree que las restricciones italianas contra el covid-19 son demasiado duras
Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que pide a Italia que cambie sus estrictas políticas anti-Covid-19 para evitar una posible discriminación contra las personas no vacunadas tras un reciente decreto del gobierno.
En un comunicado oficial, emitido por Amnistía Internacional el sábado, la organización instó al gobierno italiano a proporcionar medidas de protección alternativas, como el uso de mascarillas o la realización de pruebas, para permitir que los ciudadanos no vacunados continúen con su trabajo y utilicen el transporte público.
También insistió en que todas las medidas de seguridad “deben responder a los principios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad”, y llamó al gobierno a reconsiderar si el estado de emergencia nacional debe extenderse más allá de marzo de 2022.
De acuerdo con las restricciones actuales, que permanecerán vigentes hasta el 15 de junio de 2022, ya no es suficiente usar mascarilla o tener una prueba de Covid-19 negativa para usar el transporte público o, para las personas mayores de 50 años, para acceder su lugar de trabajo.
Amnistía Internacional Italia, capítulo local de la organización internacional, señaló que la vacunación obligatoria podría justificarse y hacerse cumplir en circunstancias excepcionales. Sin embargo, tales medidas restrictivas deben ser específicas, limitadas en el tiempo y acompañadas de una lógica basada en evidencia, así como proporcionales a un propósito legítimo de protección de la salud pública.
El gobierno debe continuar asegurando que toda la población pueda disfrutar de sus derechos fundamentales, como el derecho a la educación, al trabajo y al tratamiento médico, con especial atención a los pacientes que no tienen Covid que necesitan cirugía urgente”, dijo, según Reuters.
A principios de este mes, el gobierno italiano declaró obligatoria la vacunación contra el covid-19 para todas las personas mayores de 50 años. La vacuna también se requiere para acceder al transporte público y a una variedad de otros servicios. Italia fue uno de los pocos países europeos que tomó tales medidas, con el objetivo de aliviar la presión sobre los servicios de salud y reducir las posibles muertes.
Antes de eso, el gobierno del primer ministro Mario Draghi había hecho obligatoria la vacunación de docentes y trabajadores de la salud, y todos los empleados estaban obligados a vacunarse o dar negativo en la prueba de Covid-19 para poder acceder a su lugar de trabajo. La negativa daría lugar a la suspensión del trabajo sin goce de sueldo