La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó hoy que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en materia de Derechos Humanos consolidan el proceso bolivariano.
«A 22 años de la aprobación de nuestra sagrada Carta Magna, el pueblo sigue transitando el camino de humanismo trazado por el comandante Hugo Chávez. ¡Esta semana nuestro parlamento aprobó leyes fundamentales para el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos de todos los venezolanos!», escribió la alta funcionaria en su cuenta en la red social Twitter.
En un vídeo publicado en la microblogging, Rodríguez señala que con la Ley para la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delito de los Derechos Humanos, se busca garantizar los derechos fundamentales del pueblo.
“Nuestro norte son los Derechos Humanos, sabemos que venimos de la cuarta República, de ignominia, de violación masiva a los Derechos Humanos, este es el camino que nos legó Hugo Chávez y junto al presidente Nicolás Maduro, seguimos garantizando la protección de nuestro pueblo”, expresó.
La víspera el parlamento unicameral aprobó un conjunto de leyes encaminadas a la defensa y grantias de los derechos humanos de sus ciudadanos, dentro y fuera del país.
Entre estas figuran el proyecto de Ley Especial sobre Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, el cual, según expertos, coloca al país a la vanguardia en materia de derechos humanos.
En sesión ordinaria el diputado Julio García Zerpa presentó la propuesta de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, que ha llevado a más de 60 diputados a recorrer todo el país con la finalidad de escuchar a personas privadas de libertad.
Con la aprobación de esta normativa, suman 10 las leyes que tienen incidencia en la reforma del sistema de justicia nacional, subrayó el legislador, quien destacó las garantías establecidas en el texto de la Constitución de Venezuela referentes a castigar toda violación de derechos humanos.
El parlamento nacional aprobó además en primera discusión el proyecto de ley para la creación de una comisión que genere recomendaciones y facilite mecanismos de garantía de delitos en ese ámbito.