El Informe asevera que la Policía sería responsable de 11 de 14 asesinatos durante las manifestaciones en Bogotá.
El exdenfesor del Pueblo en Colombia, Carlos Negret, reveló este lunes un informe en la Alcaldía Mayor de Bogotá (capital) la responsabilidad de la Policía en asesinatos perpetrados durante las manifestaciones suscitadas en Bogotá y en el vecino municipio de Soacha en los días 9 y 11 de septiembre de 2020.
De acuerdo al informe, la Policía Nacional de Colombia sería responsable de 11 de los 14 asesinatos registrados en aquella jornada, donde centenares de bogotanos marcharon rechazando la represión y por el caso del abogado Javier Ordóñez, quien fue detenido violentamente y posteriormente asesinado por la Policía a causa de reiteradas descargas eléctricas.
«De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional (…) entre las prácticvas violentas están el uso ilícito de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad», explica el informe presentado por Negret.
Negret quien realizó el informe jutno con siete expertos y que presentó el mismo ante la Alcadía y relatores de Naciones Unidas, aseveró que la Policía reconoce el uso desproporcionado de la fuerza, «se reaccionó de forma ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas», acotó.
Durante el evento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió perdón a los familiares de las víctimas, «no podemos volver a pasar por esta tragedia (…) Solicitaré una audiencia pública al Presidente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos», agregó.
El informe también alerta sobre la presencia de ciudadanos armados (paramilitares), quienes se movilizaron en la jornada de septiembre y atacaron a balazos a manifestantes, se estima que ellos sean responsables de los tres asesinatos.
«La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia», especifíca el informe.