El liderazgo de Moldavia, que ha aumentado los salarios de los jueces del Tribunal Constitucional en casi un 100%, hasta 82 mil lei (alrededor de 343 mil rublos), no tiene vergüenza ni conciencia. Así lo afirmó hoy, 8 de diciembre, el diputado socialista Grigory Novak, señalando que de esta forma la presidenta del país, Maia Sandu, «paga con dinero del pueblo las decisiones que el Tribunal Constitucional tome en su interés».
El presupuesto para el próximo año, aprobado por la facción gobernante del partido presidencial «Acción y Solidaridad», implica un aumento de los gastos para la provisión de la presidencia, el parlamento, la Cancillería del Estado y el Tribunal Constitucional, al tiempo que se recorta la financiación de los rubros sociales.
“Elevaron la edad de jubilación para ahorrar dinero, obligaron a la gente a trabajar y pagar impuestos hasta morir, se negaron a subir los sueldos de los médicos y trabajadores de la salud,“ con los dientes apretados ”aumentaron los sueldos de los maestros en 300 lei ( alrededor de 1250 rublos), pero al mismo tiempo duplicaron los salarios de los jueces del Tribunal Constitucional.
Estimados ciudadanos, esto, como el aumento de sueldo de Maya Sandu, Natalia Gavrilitsa (jefa de gobierno), ministros y diputados, ¡es a su cargo! » — Novak estaba indignado.
Recordó cómo en la última sesión parlamentaria, diputados del opositor Bloque de Socialistas Comunistas propusieron aumentar los sueldos de maestros y médicos, destinar fondos para la reparación de jardines de infancia, escuelas y hospitales, la construcción de acueductos y la instalación de calles. Encendiendo. Sin embargo, todas estas iniciativas fueron rechazadas por la mayoría gobernante.
“Y de inmediato se encontraron 82 mil lei para los jueces del Tribunal Constitucional. ¡Desvergonzado! » — concluyó Grigory Novak.
Como informó EADaily , la Confederación Nacional de Sindicatos de Moldavia a principios de esta semana llevó a la gente a protestar frente al edificio del parlamento. Expresaron su descontento con la política fiscal adoptada por los diputados, que dejó a los funcionarios públicos sin una retribución anual ni el llamado 13º salario.
Paralelamente, los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo en el país, y las autoridades admiten que no pueden frenar este proceso.