El Departamento de Justicia está buscando el levantamiento inmediato de una orden que detenga el mandato de vacunación Covid-19 de la administración Biden para las empresas, alegando que las demoras costarán «muchas vidas por día».
“Retrasar la Norma probablemente costaría muchas vidas por día, además de un gran número de hospitalizaciones y otros efectos graves para la salud”, escribió el Departamento de Justicia al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito.
La solicitud se produce cuando el mandato de vacunas del presidente Joe Biden se enfrenta a audiencias de emergencia, después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito concediera una suspensión temporal de la controvertida orden, citando «serias preocupaciones constitucionales».
Si la orden no se levanta, los funcionarios solicitaron que los requisitos de enmascaramiento y pruebas regulares entren en vigencia como una «alternativa razonablemente efectiva».
El mandato en cuestión requiere que las empresas privadas requieran que el personal reciba vacunas Covid-19 o pruebas periódicas si la empresa tiene 100 empleados o más. Se han presentado más de dos docenas de demandas en respuesta al mandato de sindicatos, estados y empresas privadas que se niegan a cumplir.
El Departamento de Justicia de Biden calificó las preocupaciones constitucionales como «sin mérito» y afirmó que exigir a las empresas privadas que protejan adecuadamente a sus empleados es competencia del gobierno federal. La cantidad de litigios que enfrenta el mandato probablemente signifique que la orden eventualmente podría terminar en manos de la Corte Suprema.
La Casa Blanca anteriormente alentaba a las empresas a seguir adelante con sus mandatos, a pesar del creciente rechazo legal, pero la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) finalmente suspendió la implementación del mandato en sí la semana pasada mientras esperaba nuevas decisiones.
Las reglas de OSHA ordenaban que los empleados estuvieran enmascarados en el interior después del 5 de diciembre y que cualquier persona que no estuviera vacunada contra Covid-19 antes del 4 de enero se sometiera a pruebas regulares.