Corte Penal Internacional acuerda con Gobierno de Colombia no investigar posibles crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones colombianas de derechos humanos mostraron este viernes su rechazo en diversos grados al anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar del caso por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
Según organizaciones como el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), la decisión del fiscal de la CPI de cerrar su examen preliminar en Colombia con un acuerdo de cooperación es prematura, equivocada y contraproducente.
En ese sentido, asegura que es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país, pues en Colombia, expresan, no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia.
Agregan que la víctimas tampoco han podido acceder a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado.
De acuerdo con Movice, la decisión de la CPI no toma en cuenta que existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición.
La ONG recuerda que cinco años después de haber sido firmado el Acuerdo de Paz, el conflicto armado ha tomado nuevas dimensiones en muchos de los territorios donde antes operaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y ahora actúan grupos paramilitares.
Movice responsabiliza de la actual situación a la negativa del Gobierno de Iván Duque a la implementación del Acuerdo.
Añaden que el mandatario promueve la negación del conflicto armado y sus víctimas, así como acciones que alientan posturas guerreristas, mayor impunidad y aumento de la violencia.
Movice anuncia que seguirá buscando mecanismos que permitan garantizar a las víctimas escenarios de justicia imparcial y continuar trabajando por esclarecer la verdad desde las voces de las víctimas.
Por su parte, la Red de comunidades Somos Génesis se opuso al acuerdo entre la CPI y el Gobierno de Duque a partir de considerar que existen suficientes elementos de juicio para mostrar que la impunidad persiste en esa nación.
Agregan que sigue siendo limitada la posición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que actores claves del conflicto armado aporten testimonios que permitan esclarecer masacres y el desarrollo de una estrategia de Estado que condujo a crímenes de guerra como los denominados «falsos positivos».
El fiscal general de la CPI, Karim Khan, aseguró este jueves, tras firmar en Bogotá un acuerdo de cooperación con el Gobierno colombiano, que se iba a retirar de la etapa de examen preliminar para iniciar lo que llamó una nueva relación.
La principal baza utilizada por Iván Duque para pedir el fin de la investigación de la CPI es la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia nacida del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, el mandatario ha rechazado sistemáticamente a la JEP desde su llegada al poder en 2017.