La negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) de entregar a Venezuela los Derechos Especiales de Giro, pone hoy al descubierto su complicidad con Estados Unidos en la guerra contra esta nación suramericana.
Durante su intervención en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, aseguró que esa acción es consecuencia directa del veto de Washington contra Venezuela.
La denuncia de la alta funcionaria, sobre la retención de los cinco mil millones de dólares correspondientes al Gobierno venezolano para hacer frente a la pandemia, dejó además al descubierto la parcialidad de los organismos internacionales en su pregonada batalla contra la Covid-19.
Los Derechos Especiales de Giro, es un sistema creado en 1969 por el FMI para dotar de liquidez a las economías mundiales y brindar reservas adicionales a los países miembros en caso de dificultad.
Cuando estalló la crisis de 2008 fueron utilizados para mantener a flote la economía mundial y en 2020 ante las consecuencias del azote de la Covid-19, el ente financiero recurrió nuevamente a ellos para contrarrestar los efectos globales.
Al menos 650 mil millones de dólares aprobó el FMI esta vez, ‘para lograr economías resilientes’, sin embargo las cifras desmienten el discurso y las supuestas intenciones de ‘ayudar’ a los más necesitados.
Tal como expuso la vicepresidenta venezolana y quedó evidenciado en la mencionada conferencia de la ONU, más del 63 por ciento de ese monto está dirigido a los países ricos y vacunados, del esquema de asignación por cuotas, África con el 17 por ciento de la población mundial, recibirá sólo una quinta parte.
Mientras, Europa, con un porcentaje mucho menor, tendrá el 36 por ciento de esos fondos; a Estados Unidos, por su parte, le serán asignados 113 mil millones de los 179 mil millones que corresponden al continente Americano.
Como si no bastaran estas cifras el anuncio de que a Venezuela no le entregarán el monto que le corresponde, bajo supuestos argumentos de la ‘falta de transparencia’ y ‘confiabilidad’ del Gobierno, evidencian el sesgo político y el doble rasero de la organización internacional.
Una vez más, la Casa Blanca hace uso de su poder e influencia sobre naciones, instituciones y organismos, para ejercer presiones, en función de sus intereses.
Cuando en marzo de 2020, el Ejecutivo venezolano decretó el estado de alarma por la presencia del virus SARS-CoV-2, la nación, ya sufría una crisis económica como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y sus aliados.
Desde 2014, más de siete mil millones de dólares de Venezuela fueron bloqueados en 40 bancos internacionales.
Asimismo, el gobierno estadounidense secuestró más de 30 mil millones de dólares, y en medio de la Covid-19, los efectos del bloqueo contra la nación suramericana se hicieron más graves, pues las sanciones impiden importar medicamentos que no se fabrican en el país, ni la materia prima para producirlos, así como comprar insumos y equipamientos.
Hasta el acceso al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, para obtener vacunas antiCovid-19, fue complicado para al país, que apenas pudo lograr un por ciento después de varias denuncias y negociaciones.
En su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.)la relatora de Naciones Unidas, Alena Douhan, plasmó de forma imparcial y concreta las consecuencias de esas acciones punitivas.
‘Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países agravaron los problemas (…) los ingresos se redujeron en un 99 por ciento y Venezuela vive actualmente con el uno por ciento de sus ingresos anteriores a las sanciones’, señaló la funcionaria.
Pero mientras el FMI se une al concilio de quienes imponen medidas coercitivas a Venezuela con la intención de promover un cambio de gobierno favorable a la Casa Blanca, el Ejecutivo del país latinoamericano busca soluciones para mantener los programas sociales y desarrollar la economía.
Después de más de un año de pandemia y a pesar de los obstáculos, esta nación suramericana logró no sólo colocarse entre los países que mejor manejó la crisis sanitaria, sino además se encamina hacia la inmunización de forma gratuita del 70 por ciento de su población, antes de que termine el año.