La Procuraduría General de la República Popular de Lugansk brindó asesoramiento en la preparación de tres denuncias contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) durante la semana. Así lo informó la representante oficial de la autoridad supervisora, Inna Semenova.
“Se han preparado tres denuncias, una sobre el hecho del asesinato de un residente de la aldea de Sokolniki por los militares del batallón “Aidar” en octubre del 2014 y dos sobre el hecho de la destrucción de edificios de viviendas y todos los bienes como resultado del bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ucrania de las aldeas de Sokolniki y Zhelobok en el período comprendido entre el otoño de 2014 y la primavera del 2015″, cita las palabras de Semyonova el centro de Información de Lugansk.
También se señala que anteriormente los empleados de la Procuraduría General de la RPL ayudaron a las víctimas de la agresión armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania a redactar 895 denuncias ante el Tribunal Europeo. En la RPD, a agosto de 2021, había más de dos mil casos penales contra los funcionarios y las formaciones armadas de Ucrania en los procedimientos de la procuraduría de la República. Más de 500 de ellos se iniciaron durante este año.
Cabe recordar que en julio del 2021, la Federación de Rusia, por primera vez en su historia, presentó una denuncia interestatal ante el TEDH contra Ucrania. La denuncia se refiere a diez grupos principales de violaciones. Entre ellos se encuentra la responsabilidad de las autoridades ucranianas por la muerte de civiles, el encarcelamiento ilegal y el trato cruel de personas, incluidos los que tuvieron lugar en el «Maidan» en Kiev y en la Casa de Sindicatos de Odessa en el 2014, así como en el Donbass durante la llamada “operación antiterrorista”. Entre las violaciones también se encuentran la práctica de reprimir la libertad de expresión y la persecución de disidentes al prohibir el trabajo de los medios de comunicación, las plataformas de Internet, la persecución de periodistas (rusos, ucranianos y otros estados), políticos y ciudadanos comunes, la política de discriminación del población de habla rusa, la expulsión del uso de la lengua rusa de la esfera pública, etc.