El fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma, Roberto Cavallone, dio curso a la extradición de Ramírez.
La Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición de Rafael Ramírez a Venezuela, luego de que el fiscal general no consideró suficiente las defensas del acusado, y estimó que el caso no era de persecución política.
El fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma, Roberto Cavallone, dio cursos a la extradición de Ramírez, expresidente de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, sobre quien existen siete investigaciones por corrupción y posee alerta roja de Interpol.
La información se dio a conocer de acuerdo a un comunicado emitido por el Procurador de Roma, Luigi Giuliano.
El documento refiere que Venezuela solicitó la extradición de Ramírez a su territorio en relación con diversos delitos, como doloso peculado propio y procedemiento de evasión de licitación, entre otros, previstos y sancionados por las autoridades del país suramericano.
Ramírez cometió estos delitos cometidos en el año 2007 como representante legal de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa), luego de adjudicación directa sin análisis de ofertas por un período de 7 años.
Asimismo, el documento señala que “no existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos; tampoco existen elementos para creer concretamente que el procedimiento al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado”.
El 18 de febrero del 2021 el fiscal general de la República, Tarek William Saab dio a conocer que el Ministerio Público (MP) abrió una investigación para establecer responsabilidades respecto al pago de sobornos a exfuncionarios venezolanos, caso que vincula directamente a Ramírez y a su primo Diego Salazar Carreño.
Esta trama ilegal involucra a la empresa española Ingelec, fabricante de generadores de energía y radicada en Sevilla.
De acuerdo con el Fiscal General, dicha compañía habría pagado 2.700.000 de euros (3.260.000 de dólares) en comisiones a una estructura criminal liderada por Ramírez.