‘Esta campaña la ha hecho el pueblo y descarto todas esas cosas. En todo caso, si hay que hacer una investigación, que se empiece ahora mismo’, declaró Castillo a reporteros en referencia a la modestia y el mínimo despliegue de recursos de su actividad proselitista.
Las acusaciones están referidas al caso de un grupo de funcionarios del gobierno de la región centro andina de Junín, a cargo del partido Perú Libre, de Castillo, acusados de cobrar sobornos por licencias de conducción y otros trámites de transporte.
El caso es investigado por el Ministerio Público, que pidió 36 meses de prisión preventiva para 20 implicados y comparecencia con restricciones (libertad condicional) para otros 18 y Perú Libre negó tener responsabilidad alguna como organización.
De otro lado, el asesor legal del citado partido, Aníbal Torres, defendió el derecho del ganador del balotaje del pasado 6 de junio a pedir al Congreso de la República, en la ceremonia en que asumirá el cargo, la convocatoria de una asamblea constituyente para que cambie la constitución neoliberal vigente.
Rechazó críticas de políticos, juristas y comentaristas neoliberales que sostienen que solo el próximo Parlamento -de mayoría derechista- puede cambiar la carta magna, porque esta no prevé la convocatoria de una constituyente y establece que el Parlamento puede hacerle modificaciones.
‘No conocen la Constitución, la Asamblea Constituyente es un órgano que radica en el pueblo’ y la carta magna solo permite al Congreso reformarla, pero el poder constituyente sí tiene poder para hacerlo, mediante una asamblea, que representa el poder del pueblo, por lo que no tiene límites ni regulaciones’, agregó Torres.
La proclamación de Castillo está pendiente de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formalice las decisiones de rechazo a apelaciones de abogados de la candidata derrotada, Keiko Fujimori, de anular por sospechas de fraude, sin pruebas, cientos de actas de votación ampliamente favorables a su oponente.
La pretensión fujimorista de una auditoría internacional al balotaje fracasó también por falta de acogida y por informes de todos los veedores externos que calificaron de normal la elección y válidas las decisiones del JNE.