El Gobierno de Brasil suspendió hoy temporalmente el contrato de compra de Covaxin, la vacuna india antiCovid-19, ante acusaciones sobre posibles irregularidades que apuntan a un caso de corrupción y salpican al presidente Jair Bolsonaro.
Según el portal de noticias G1, el ministro de la Contraloría General de la Unión, Wagner del Rosario, comunicó que la interrupción de la transacción se mantendrá ‘solamente lo que dure la investigación’ interna, que podría ser 10 días.
El Ministerio de Salud informó en una nota oficial que en un primer análisis preliminar no se detectaron anomalías en el contrato, pero optó por suspenderlo para analizarlo en profundidad.
‘Hay que resaltar que el Gobierno federal no pagó ningún centavo por la vacuna Covaxin’, precisa el comunicado.
La víspera, tres senadores presentaron una demanda ante la Corte Suprema para investigar a Bolsonaro por un supuesto delito de prevaricación, al dejar de actuar en un caso de corrupción.
‘Registré una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un monumental esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud’, afirmó en un video uno de los reclamantes, el parlamentario Randolfe Rodrigues.
Rodrigues funge como vicepresidente de una comisión del Senado (CPI) que investiga acciones, omisiones y negligencia del Gobierno ante la pandemia de Covid-19 que cobró más de 515 mil muertes y cerca de 19 millones de contagios en el país.
También presentaron la notificación en el Supremo los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato, y la ponente del caso será la jueza Rosa Weber.
Con base en el testimonio de los hermanos Luis y Ricardo Miranda en la CPI, el viernes pasado, los congresistas anunciaron que activarían al tribunal superior.
Ahora corresponde a esa corte decidir si pide a la Procuraduría General de la República que abra una investigación formal sobre el caso.
De acuerdo con el Código Penal, prevaricar consiste en ‘retrasar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o realizarlo en contra de la disposición expresa de la ley para satisfacer un interés o sentimiento personal’.
En la junta parlamentaria de investigación, los hermanos Miranda declararon que informaron al jefe de Estado sobre la presión atípica que enfrentaron en la compra de Covaxin.
Manifestaron que en las negociaciones hubo alteraciones como un pago millonario anticipado a una empresa que no apareció en el contrato.
Para Rodrigues, tras los relatos de los hermanos Miranda en la CPI, es posible entender que Bolsonaro tenía conocimiento de una posible red delictiva que involucraba la adquisición de Covaxin y ‘tenía conocimiento de quiénes estaban involucrados en el presunto esquema criminal’.