La investigación se debe a la supuesta compra del Gobierno de la vacuna Covaxin por un precio 11 veces superior al real.
Varios senadores brasileños solicitaron este lunes a la Corte Suprema de ese país la apertura de una investigación contra el presidente, Jair Bolsonaro, por supuestos delitos de corrupción asociados a la compra de vacunas anticovid-19 con la farmacéutica india Bharat Biotech.
El senador Randolfe Rodrigues, señaló que el mandatario estaría enfrentando «varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricación y otros delitos», relacionados con el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech por 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin.
Respaldado por los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato, Rodrigues explicó además se cometieron “numerosas irregularidades” en ese negocio, con un costo de 320 millones de dólares por «vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil, precio 11 veces mayor al estipulado por el fabricante».
El pasado viernes el diputado Luis Miranda reveló a una comisión del Senado que en dicha negociación con Bharat Biotech, se acordó depositar parte del pago por las vacunas a una empresa que no figuraba en el contrato, la firma Madison, con sede en Singapur.
Dato calificado como “altamente sospechoso” por la comisión parlamentaria y al cual se suman con otras cláusulas del contrato, que tenía como «intermediario» a un empresario brasileño.
Supuestamente, el empresario, identificado como Francisco Maximiano, ya incurrió en fraudes en el área de la salud, fue dueño de otra empresa investigada por corrupción por haber «vendido» al Ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.
El Gobierno a su vez ha acusado a Miranda de «calumniar» y «traicionar» a Bolsonaro, quien alega desconocer detalles de las negociaciones para la compra de la Covaxin y subraya que no se ha pagado «un centavo», pues el fármaco aún no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias.
Ahora corresponde a esa entidad de justicia decidir si pide a la Procuraduría General de la República la apertura de una investigación formal sobre el caso, pues prevaricar consiste en ‘retrasar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o hacerlo en contra de la disposición expresa de la ley para satisfacer un interés o sentimiento personal’.