Un tribunal sudafricano declaró el martes al ex presidente Jacob Zuma culpable de desacato al tribunal y lo sentenció a 15 meses de prisión, informó el local Times Live.
La acusación está relacionada con el hecho de que anteriormente Zuma no cumplió con la orden de la corte constitucional, obligándolo a comparecer ante la comisión investigadora por el caso de la toma del estado. Estaba previsto que Zuma testificara ante la comisión entre el 15 y el 19 de febrero. «El tribunal dictaminó sentenciar a Zuma a 15 meses de prisión», señala el diario.
Zuma declaró en mayo su inocencia ante un tribunal en un caso de corrupción, extorsión y fraude en llevar a cabo contratos gubernamentales para la compra de armas. El fabricante de armas francés Thales, que también fue acusado, también declaró su inocencia.
Los escándalos ocurrieron regularmente en torno a Zuma a lo largo de su carrera política. El político se permitió declaraciones duras y su poligamia también se percibe de manera ambigua. Pero el principal problema para él fueron las acusaciones de corrupción. En 1999, Zuma asumió un alto cargo por primera vez: fue nombrado vicepresidente de Sudáfrica. Sin embargo, en el 2005, el presidente Thabo Mbeki lo destituyó en el primer escándalo de corrupción. Resultó que en 1999, Zuma estaba involucrado en un negocio de armas de $ 5 mil millones, y parte de este dinero, según la investigación, fue depositado en las cuentas del vicepresidente. En diciembre del 2007, la Corte Suprema retiró todos los cargos contra Zuma.
En el 2014, cuando Zuma volvió a ser presidente tras otra victoria del partido ANC («Congreso Nacional Africano») en las elecciones, la oposición exigió su dimisión, y lo hizo cinco veces durante su segundo mandato. Zuma fue acusado de gastar $ 16 millones en su residencia. Finalmente, la oposición recabó datos sobre 783 episodios de corrupción, extorsión y fraude al concluir contratos gubernamentales para la compra de armas. En febrero del 2018, Zuma se retiró anticipadamente. En repetidas ocasiones negó su culpabilidad, alegando que todas las transacciones monetarias eran controladas por agencias de inteligencia del gobierno.