La comisión del Senado que supervisa la gestión gubernamental ante la Covid-19 (CPI) anunció que comunicará a la Corte Suprema de Brasil sobre delitos del presidente Jair Bolsonaro, suficientes hasta hoy para una destitución.
No hay situación más grave que la escuchada hasta ahora. No hay, en la historia de las comisiones parlamentarias de investigación, en las dos circunstancias de impeachment (juicio político) que tuvimos en la época republicana desde 1988, algo tan grave’, afirmó a la prensa el vicepresidente de la CPI, Randolfe Rodrigues.
Reiteró que solo se deben revisar las impugnaciones escuchadas en los últimos 30 años, las cuales no llegan a ‘un tercio de la gravedad de lo visto en esta CPI’ y más aún de lo percibido el viernes, indicó Rodrigues, convencido de la existencia de pruebas suficientes para deponer a Bolsonaro.
Declararon en esa jornada el diputado federal Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, quienes reiteraron la acusación sobre presuntas irregularidades en la compra de Covaxin, vacuna antiCovid-19 del laboratorio indio Bharat Biotech.
El segundo denunció que recibió en marzo presiones atípicas de superiores de esa cartera para aprobar un contrato de obtención de Covaxin y presentó mensajes recibidos con el apremio diario de directores y de una empresa para tal adquisición.
Anteriormente, el jefe del Departamento de Importaciones del ministerio dialogó sobre este tema con la Fiscalía Federal, que también investiga el caso e identificó sospechas de delito y riesgo sanitario en la operación.
Presionado por los miembros de la junta, el legislador confirmó por su parte que Bolsonaro citó el nombre del diputado Ricardo Barros como presunto autor intelectual de las supuestas anomalías en la compra de Covaxin. De acuerdo con el relator Renán Calheiros, la jornada fue histórica para la comisión, la cual progresa en otra rama de las investigaciones.
‘Con la llegada de los hermanos Miranda, habilitamos la CPI de este gran día. Avanzamos en relación con esas tesis contenidas en el plan de trabajo y entramos en esta parte del desvío de dinero público, en beneficio personal’, evaluó Calheiros.
Para el titular de la comisión, Omar Aziz, la gravedad de los hechos en el testimonio de los hermanos es mayor que lo imaginable, sobre todo porque el congresista designado como mentor del plan es líder del gobierno en la Cámara baja.
Aziz indicó que la junta debe considerar una propuesta de la senadora Simone Tebet para un careo entre el exministro de Salud, general Eduardo Pazuello, y los funcionarios citados en el caso.
En su novena semana de alegatos, la CPI evalúa el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 513 mil 474 vidas perdidas y 18 millones 420 mil 598 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.