La violencia es una forma acostumbrada de hacer política en el Gobierno de Iván Duque, opina un analista al comentar el asesinato de una líder social colombiana.
Según informó el sábado la oenegé colombiana Proceso Social de Garantías, la líder social Diana Jaramillo Henao —dedicada al trabajo comunitario en un barrio de Antioquia— fue asesinada la semana pasada junto a dos personas más, que también fueron metidas en bolsas plásticas que dejaron en zona pública en el norte de Valle de Aburrá, en Medellín. Con esta última muerte ya son 80 los líderes asesinados en 2021 y 1196 desde la firma del acuerdo de paz en el país sudamericano.
Al respecto, en una entrevista concedida este domingo a la cadena HispanTV, el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín ha señalado que Colombia atraviesa una grave situación de violencia y ha responsabilizado de ello al actual Gobierno ultraderechista de Duque, su entorno y su partido, que están vinculados a acciones criminales, como el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción extrema.
“El problema de los líderes sociales es que representan un sentimiento popular que atenta contra esa criminalidad, y eso es lo que agrava mucha la situación y tiene al país al borde de precipicio […] La violencia es una forma costumbrada en la política de este país y muy vinculada precisamente a esas acciones criminales”, ha subrayado el experto.
De acuerdo con Sánchez Marín, las muertes de los defensores sociales no se investigan, ni el Gobierno ofrece ninguna garantía a estas personas, porque lo que trata es de “ejemplarizar” para que no se ejerza la organización social y se evite la participación ciudadana, porque, según el experto, a Duque le conviene desde punto de vista electoral “desestructurar cualquier nivel de organización social y de movilización popular”.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz para combatir la inseguridad en el país y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.
No obstante, el Gobierno de Colombia, pese a las continuas denuncias sobre la falta de garantías de seguridad para implementar el acuerdo de paz con el ahora partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no ofrece medidas palpables.