El director de Derechos Humanos (DDHH) de la Secretaría del gobierno de Bogotá, Andrés Idárraga, renunció hoy al cargo por diferencias profundas con autoridades en el contexto de la violencia policial contra los manifestantes.
Asimismo, decidió apartarse de la Administración Distrital, por la falta de postura ante la violación de los DDHH en la capital colombiana.
En su opinión, la administración capitalina tiene la responsabilidad de ser garante de los DDHH y eso implica que, ante situaciones de abuso policial por respeto a las víctimas y a la ciudadanía, se asuman actitudes claras como primera autoridad.
Además, emitan instrucciones y tomen las medidas a que haya lugar en el marco de sus competencias como un ejercicio de transparencia y responsabilidad política.
De igual modo se debe asumir una postura pública ante estos hechos porque la falta de claridad y contundencia está llevando a que la policía se insubordine al gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población y continúe en los territorios como si nada pasara, recalca en su carta de renuncia.
Considera que la Secretaría de Gobierno debe asumir una posición ante hechos de violencia policial que continúan impunes.
Perturba observar la permanencia en el servicio a algunos agentes policiales que presenciaron la tortura en Ciudad Bolívar o los hechos que involucraron a uniformados y bomberos contra una familia de la localidad de Bosa y hasta el momento no haya pasado algo en materia disciplinaria, enfatiza.
La tibieza ante el abuso policial puede seguir costando vidas, recalca Idárraga en la misiva dirigida al Secretario del Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
Por otro lado, señala como otro elemento para la salida del cargo, la falta de respaldo institucional a la gestión del equipo que dirige, así como la entrega de un informe a un organismo de DDHH que visitó a Colombia recientemente en el contexto del paro nacional, el cual desdibuja la realidad.
En el mismo el gobierno de Bogotá presta mayor importancia a los daños materiales ocasionados a la infraestructura pública que a las graves violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes y los propios defensores de la población, lo cual, dijo, resulta un desacierto institucional.
La renuncia tiene lugar luego que desde ayer la policía arremete contra pobladores de Usme, en el sur de esta ciudad, con saldo de un muerto y unos cuarenta heridos.