La Asamblea General de la ONU aprobó el viernes una resolución instando a todos los países a dejar de suministrar armas a Myanmar y al ejército dentro del país para poner fin a la violencia y restaurar la democracia. La votación sobre la resolución tuvo lugar en una reunión de la Asamblea General.
119 países apoyaron la resolución, 36 se abstuvieron, solo Bielorrusia votó en contra. Rusia y China se abstuvieron de votar. El resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad-Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia-apoyaron la resolución.
El documento también insta a los militares a respetar los resultados de las elecciones generales de noviembre del 2020 y a liberar a los funcionarios civiles encarcelados, incluida la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi. El documento requiere que los militares permitan de inmediato la entrada al país de la enviada especial del Secretario General, Christine Schraner Burgener, y brinden acceso a ayuda humanitaria a quienes la necesiten.
Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes. Sin embargo, este documento fue adoptado en un ambiente en el que el Consejo de Seguridad ni siquiera comenzó a discutir resoluciones sobre este tema, ya que las opiniones de sus miembros permanentes sobre este tema difieren significativamente. La oposición de Myanmar insiste en que se impongan sanciones a los militares y se prohíba la venta de armas. Cuentan con el apoyo de EE.UU., Gran Bretaña y Francia. Al mismo tiempo, Rusia y China han señalado repetidamente que las sanciones solo pueden exacerbar la situación y exacerbar a las partes, lo que lleva a una escalada de violencia.
El 1 de febrero, el ejército de Myanmar declaró el estado de emergencia por un año y la destitución del liderazgo del país. Los representantes del ejército explicaron esto con un supuesto fraude a gran escala en las elecciones de noviembre del 2020. Desde principios de febrero han continuado en el país las protestas masivas contra el desplazamiento del gobierno civil, que son duramente reprimidas por las autoridades militares. Más de 858 manifestantes han muerto en Myanmar, según activistas de derechos humanos.