Las búsquedas en las oficinas del periódico de oposición con sede en Hong Kong Pingo Ribao y la detención de cinco de sus principales funcionarios están vinculadas a publicaciones que piden sanciones y violan las leyes de seguridad nacional. Esto fue anunciado el jueves por el superintendente principal de la policía local, Steve Lee.
«En el curso de nuestra investigación, descubrimos que el periódico, incluida su versión en línea, tenía más de 30 artículos en inglés y chino, que contenían llamadas a estados e instituciones extranjeros para que impongan sanciones contra Hong Kong y la República Popular de China», señaló el oficial.
Por la mañana, la policía allanó y detuvo el edificio de Next Digital Media, que pertenece al magnate opositor Jimmy Lai, arrestado a fines del año pasado. La redada involucró a unos 500 policías, actuando bajo una orden judicial que autorizaba la confiscación de materiales, teléfonos inteligentes y computadoras. Entre los detenidos se encuentra el editor en jefe del periódico Pingo Ribao, Rain Lo. En relación con estos eventos, se suspendió la negociación de acciones de Next Digital Media en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Jimmy Lai, fundador de este holding de medios y del periódico Pingo Ribao, es considerado uno de los principales organizadores de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en el verano del 2019 en la Región Administrativa Especial de la República Popular de China. Brindó apoyo financiero al movimiento de protesta, mantuvo vínculos con la élite política estadounidense y pidió la imposición de sanciones.
El empresario de 73 años fue detenido el 3 de diciembre del año pasado en un caso de fraude, y el 11 de diciembre fue acusado de «conspirar con fuerzas extranjeras para amenazar la seguridad nacional». Lai recibió un total de 28 meses de prisión este año por organizar y participar en una serie de protestas ilegales.
En el verano del 2020, el parlamento chino aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Como dicen en Pekín, tiene como objetivo combatir las amenazas del terrorismo, el separatismo, el socavamiento del poder estatal y la connivencia con fuerzas extranjeras y prevé la cadena perpetua como castigo máximo. Tras la adopción de este acto legal, los activistas radicales de la oposición recortaron las actividades antigubernamentales en la autonomía, donde se desató una ola de protestas masivas y disturbios en el 2019.