El primer paro general sindical en Uruguay contra el hambre y la desigualdad, por la vida, salario y trabajo, bajo el actual gobierno de coalición de derecha, arrancará hoy.
Al convocarlo la central unitaria Pit-Cnt por 24 horas, su secretario general, Marcelo Abdala, afirmó que el Poder Ejecutivo del país fracasó en el manejo sanitario de la pandemia de Covid-19 por su concepción económico-social, y no por sus asesores científicos.
El dirigente gremial reprochó al Gobierno la falta de un acuerdo racional para disminuir más la movilidad que ayudaba a evitar tantos contagios y fallecimientos y rechazar un puente del movimiento sindical para un diálogo nacional.
‘Hay un gobierno del gran capital que descuelga un ajuste sobre el pueblo trabajador que es impresionante y en Uruguay que existe la ingeniería de la unidad sin exclusiones en la clase social y la clase política, un ajuste de ese tipo no va a suceder sin lucha’, advirtió Abdala.
En lo que describió como un paro activo, tres caravanas desde puntos de la ciudad convergerán hacia la Plaza de la Independencia, donde representantes gremiales entregarán una nota en la Torre Ejecutiva con sus reclamos.
Entre las demandas incluyen un ‘ingreso básico de emergencia mensual durante un año’ por 440 dólares y una canasta básica de servicios públicos como energía eléctrica, agua, internet y gas.
Piden más inversión estatal en obras públicas para generar empleos, políticas de compras públicas, red de cuidados, acceso a la tierra, apoyo financiero a micro y pequeñas empresas, garantizar el acceso a la vivienda, una nueva Ley de Empleo Juvenil y no privatizar las empresas públicas.
Frente a críticas de personeros del oficialismo contra el paro Pit-Cnt aseguró que se mantendrán los servicios de salud y la transportación pública hacia los centros de vacunación contra Covid-19.
Durante el paro de 24 horas habrá 600 puestos de recolección de firmas para promover en referendo la derogación de 135 artículos de la cuestionada Ley de Urgente Consideración.
La Comisión promotora del plebiscito, ya con 500 mil adhesiones conseguidas, se propuso llegar a 700 mil el 8 de julio para que constitucionalmente la Corte Electoral pueda convocar a la consulta ciudadana.