A nueve días del balotaje por la presidencia de Perú, la candidata Keiko Fujimori intensifica su ofensiva para revertir la victoria de Pedro Castillo en las urnas, mientras este mantiene la serenidad de un presidente electo.
La postulante neoliberal anunció en las últimas horas que el extitular del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, se sumó el ejército de abogados con los que busca anular actas de regiones pobres en las que el maestro rural ganó por contundente mayoría.
Castillo, por su parte, continuó recibiendo a dirigentes políticos de diversas posiciones y ayer sorprendió a la prensa al visitar a los alcaldes de los municipios de San Isidro, Miraflores y La Molina, barrios exclusivos cuyos moradores votaron mayormente por Fujimori.
Urviola declaró que se dedicará esencialmente a cuestionar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de mantener la hora de vencimiento del plazo de presentación de las nulidades para que la corte pueda debatir cientos de las mismas que el partido fujimorista presentó pasada la hora fijada hace más de un año.
De esa manera, los lentos debates se prolongarán por mucho tiempo y el partido fujimorista podrá insistir en cuestionar el resultado, que favorece a Castillo por 44 mil 816 votos, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó 99,985 por ciento de las actas.
La ofensiva de Fujimori es secundada por sus seguidores con una campaña macartista de acoso a las casas de los titulares de los organismos electorales, como forma de presión para que cedan a su exigencia de introducir más impugnaciones.
El jurista Ronald Gamarra calificó de subjetiva la narrativa de fraude del fujimorismo y señaló que sus reclamos se refieren a irregularidades normales que no califican para anular votos, pues no están referidas a causas específicas fijadas por la ley electoral, que establece la presunción de legalidad de los sufragios.
Añadió que Fujimori pretende alterar la voluntad popular y ‘que se le declare ganadora a cualquier costo, y si eso no es posible, generar la inestabilidad política necesaria para que el mandato del presidente Castillo no dure si no unos pocos meses’.
También busca, agregó Gamarra, ‘crear una narrativa que le permita pedir asilo o huir del país y no hacer frente a la grave acusación que tiene a nivel judicial’, donde un fiscal pide se le condene a 30 años y diez meses de cárcel por lavado de activos y otros delitos.
‘Dada la forma en que se conduce, igualmente va a abusar de los medios legales previstos en la legislación peruana para intentar alterar la voluntad popular’ con múltiples recursos legales, dijo. Por su parte, el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta, considerado el más importante experto electoral del país, señaló que en el ambiente crispado y de odio reinante, no se profundiza en las contundentes razones de la improcedencia de los empeños de anular actas de votación, las que enumera con precisión.
‘Al querer defender un voto tratando del anular otro, y defender la democracia pisoteándola solo se está a un paso de invocar a un golpe de Estado, como tantas páginas de la historia así lo recuerdan’. advirtió.