La delegación espera recibir, en estos tres días de visita, más de 3.000 testimonios de las víctimas en Colombia.
Una misión internacional se encuentra recogiendo testimonios en Popayán, Colombia, sobre la violación a los derechos humanos de agencias estatales de seguridad durante las protestas que iniciaron el 28 de abril, a partir de las diferentes denuncias de organizaciones y actores que han participado en el Paro Nacional.
El alcalde Juan Carlos López Castrillón afirmó que dispusieron del apoyo necesario para que la misión cumpla su agenda, e indicó que dos de los casos que abordará la organización internacional serán los de Alison Meléndez y Sebastián Quintero.
Por su parte, Valeria Mosquera, miembro de la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Mesa Territorial de Garantías, explicó que hubo un cambio de discurso por parte del Gobierno en el marco de la visita del ente de derechos humanos (DD.HH.), por lo que exigió garantías de seguimiento.
«Tenemos el miedo de que esto quede en el aire porque sabemos que, en la Fiscalía, en términos de violencias basadas en género, el índice de resolución de casos y el nivel de impunidad es altísimo”, dijo.
Sobre el caso de Alison, la menor de 17 años que se suicidó tras denunciar abusos sexuales por la fuerza pública, Mosquera señaló la importancia de seguir el caso para que la imputación tenga enfoque de género.
En un informe entregado por la Defensoría del Pueblo a la CIDH, resalta que las autoridades colombianas buscan a 91 personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas y resaltan que al menos 20 personas murieron desde el 28 de abril.
“La entidad ha recibido 783 reportes de personas no ubicadas, de los cuales 317 reportes fueron descartados (…) por tener nombres repetidos, porque las personas fueron ubicadas o porque carecían de información suficiente”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Este martes, tres ONG colombianas, Temblores ONG, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), presentaron un informe detallado a la comisión sobre la “violación sistemática de la Convención Americana con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia” durante las protestas.
Además, reflejaron las nueve prácticas de violencia policial detectadas durante las manifestaciones, como: el lanzamiento de lacrimógenos dentro de viviendas, vulneración del principio de publicidad e imposición de medidas paralegales a detenidos por la fuerza pública, además de violaciones sexuales y desapariciones.
Asimismo, las organizaciones dieron cuenta de 187 casos de disparos con armas de fuego, seis víctimas de violencia de género, 1.649 detenciones arbitrarias y 705 detenciones violentas.