El senador del Polo Democrático Iván Cepeda junto a colectivos de derechos humanos informaron hoy a la Corte Penal Internacional, sobre la consolidación del paramilitarismo urbano durante el paro en Colombia.
Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, y otras, entregaron un segundo informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el contexto del paro nacional.
El informe documenta tres mil 825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril, cuando comenzaron las movilizaciones antigubernamentales, y el 2 de junio.
Asimismo, advierte acerca de 229 nuevos hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a mil 271 nuevas víctimas.
El documento puntualiza cifras recientes y nuevos casos de asesinatos, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, privación grave de la libertad física; paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, entre otros.
De igual forma revela evidencias de ataques armados llevados a cabo por civiles en presencia de policías y militares, en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga.
Recalca que, frente a estos hechos, los denunciantes advierten el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque y de superiores jerárquicos del gobierno.
Todo ello genera un clima que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación, señala el informe.
Cepeda y las organizaciones piden a la Fiscalía de la CPI que estudie la inactividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos.
Específicamente se refirieron a ‘las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal, Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo’.
También aluden a la falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia.
El pasado 13 de mayo, Cepeda y las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad cometidos por policías y militares durante las manifestaciones en Colombia y pidieron la activación de la competencia de la CPI para conocer los crímenes.
Señalaron que el Estado colombiano no tiene voluntad para adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara del Congreso (bicameral) y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en el Ejecutivo conducido por el presidente Iván Duque.