El senador de Polo Democrático Iván Cepeda presentó hoy una tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente de Colombia, Iván Duque, por ordenar la militarización de ocho departamentos y 13 ciudades del país.
El congresista opositor denunció que el decreto 575 de 2021 constituye la declaratoria de una conmoción interior por cuanto le atribuye a la fuerza pública funciones que exceden sus competencias y, además, viola el derecho a la participación política y al debido proceso constitucional.
El pasado 28 de mayo, cuando el paro antigubernamental cumplió un mes, Duque a través del Ministerio del Interior expidió el cuestionado decreto ‘por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público’.
Con la tutela legal, Cepeda busca que ordenen al mandatario suspender la aplicación del criticado decreto.
Denunció que Duque impidió que el Congreso de la República y la Corte Constitucional ejercieran control político y automático, respectivamente, del decreto y las medidas que traía consigo, manifestó Cepeda.
Además, profirió el texto normativo sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer un límite temporal en su aplicación, y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición, recalcó.
Según Cepeda, al expedir un decreto de conmoción interior bajo la figura de un decreto reglamentario, Duque desconoció las exigencias formales de los estados de excepción constitucional.
La organización Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo afirmó que con esa normativa ‘se expanden las ansias de un régimen autoritario que busca consolidar su proyecto político sustentado en la negación de la democracia y los derechos humanos’.
Advierte, que el gobierno nacional pretende poner el orden público y los intereses de sectores políticos y económicos privilegiados que respaldan el actual régimen, por encima de derechos y libertades fundamentales como el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política.
‘Esta nueva norma hace parte de una incendiaria cadena de órdenes que el gobierno por medio de sus altos funcionarios ha emitido contra la protesta social, a la que le ha dado un tratamiento de guerra, priorizando la represión por encima de la negociación con los sectores sociales y populares en paro’, enfatiza.
Recalca que además, es una clara estrategia para encubrir una conmoción interior, pero también los sistemáticos abusos de la policía y operaciones conjuntas entre civiles armados e integrantes de la fuerza pública.
La acción de tutela se concibe en la constitución colombiana como el medio judicial por excelencia para proteger a los ciudadanos del uso arbitrario del poder público cuando dicho uso afecte sus derechos fundamentales y se puede dar por acciones del poder público o por omisiones del mismo.