Varias organizaciones internacionales han pedido al Gobierno colombiano que implemente acciones definitivas para detener la violencia contra los manifestantes.
Hasta el 31 de mayo de 2021, la ONG Temblores e Indepaz han registrado 3.789 casos de violencia policial en las protestas.
Colombia pudiera ser la excepción en América Latina al vivir sólo cinco golpes de Estado. Desde que en 1958 se depuso al general Rojas Pinilla, el Gobierno ha estado en manos de civiles, sin embargo, está probado que usan otras vías.
Según el periodista Ignacio Ramonet, la extraña democracia asesinó en cuatro años a los candidatos a la Presidencia: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, por citar un ejemplo.
En medio de la crisis actual, “hay parlamentarios que plantean la iniciativa, con la excusa de la Covid-19, de prorrogar dos años el mandato de Iván Duque y el Congreso y no hacer elecciones”. La polémica fue lanzada por el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro. “Se trataría de un verdadero golpe de Estado. El desespero para detener el cambio los lleva a la locura”, dijo.
Desde el 29 de mayo de 2021 hasta mayo 2022 se abrirá el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía, hasta dos meses antes de las elecciones. En 2022, terminan oficialmente los cuatro años de mandato del actual presidente Iván Duque.
Lo siguiente es el registro de listas independientes y la solicitud de los formularios de recolección de apoyos, la inscripción de candidatos de los partidos, movimientos políticos y ciudadanos.
La realización de consultas ante las elecciones al Congreso de la República tendrán hasta el 30 de junio de 2021. O sea, que para los próximos meses continúan latentes decisiones importantes para la ciudadanía que hoy protesta.
Porque el anuncio se da en medio de la brutal represión policial contra los manifestantes en casi todas las ciudades del país, que demandan la solución de la crisis económica, sanitaria y la violencia. Protestas por los asesinatos de los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena se reportaron las mayores concentraciones, y se convocó a la continuidad del Paro Nacional por organizaciones sindicales, asumida por indígenas y parte de la población.
Todo eso está sucediendo y aún así se afirma otro discurso. “El Gobierno de Colombia sufre un golpe de Estado y la democracia de Colombia un ataque para destruirla. Exacerbar errores del Gobierno, convertirlos en detonantes de protestas que masifican en repudio a la violencia producida por los conspiradores y atribuida a los órganos de seguridad y al Gobierno”, refiere un artículo en la agencia Reuters.
Es la voz de quienes también disparan en ráfaga, las mentiras en los grandes medios de desinformación masiva. Hasta en las redes sociales censuran vídeos que evidencian el genocidio.
Uribismo encarnado en Duque
“La semana negra del uribismo encarnado en Duque”, así definen estos días convulsos en el diario El Espectador, sin poder tapar el Sol con un dedo.
Durante la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados (Acnur) responsabilizaba al Gobierno por las desapariciones, crímenes y masacres cometidos por grupos amparados por la Autodefensas Unidas de Colombia.
Como olvidarlo, cuando 10.586 personas murieron como consecuencia de la violencia política, el conflicto armado, motivaciones políticas y sociales. Hablaban de civiles ajenos al conflicto, según reporta el diario El Tiempo, en junio 2004. Tal como sucede ahora.
La actividad actual represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios colombiano (Esmad) -creado en 1999 como decreto transitorio durante el Gobierno de Andrés Pastrana- fue formalizada por el expresidente siguiente, Álvaro Uribe Vélez, capacitando a los agentes.
Y, para variar, validada por el actual presidente Iván Duque, quien reiteró que sus miembros ejecutantes, de la Policía y el Ministerio de Defensa, encarnan los valores democráticos.
Hasta el 31 de mayo de 2021, la organización no gubernamental (ONG) Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han registrado 3.789 casos de violencia policial, 45 homicidios presuntamente cometidos por la policía y 1.649 detenciones arbitrarias.
Distintas ONG locales hablan de hasta 52 homicidios y miles de heridos que involucran a agentes de la fuerza pública, entre el 28 de abril y el 20 de mayo, según la organización Defender la Libertad. También denuncian que varias personas han sido asesinadas presuntamente por agentes encubiertos -policías operando sin uniforme- o de policías uniformados de conjunto con el paramilitarismo.
Desde hace un mes la protesta sigue en llamas. Mientras el Gobierno de Duque intenta infructuosamente acercar posiciones con el llamado Comité del Paro para que ponga fin a la situación. En su infinito «ejercicio democrático», ofrece el diálogo y da riendas sueltas al paramilitarismo
Las nuevas manifestaciones sociales fueron convocadas para el 25 y el 26 de mayo en apoyo a Cali, la ciudad epicentro de las protestas. “La reforma tributaria fue un error de cálculo, pero solo fue la chispa”, dijo el exministro de Finanzas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, aludiendo al motivo que desató las protestas populares.
El Gobierno indicó que pretendía elevar la carga tributaria, argumentando la necesidad de financiar subsidios a las familias más pobres, disminuyendo el umbral del impuesto sobre la renta y subiendo el impuesto al valor agregado (IVA).
La medida gubernamental fue retirada ante la presión popular, pero la chispa sigue encendida, alimentada por la injusticia cotidiana. Las protestas no solo se mantienen, sino que van en aumento.
El mundo mira a Colombia
El papa Francisco rezó por «el querido pueblo colombiano», pidió diálogo y «evitar comportamientos dañinos en el ejercicio de su derecho a manifestarse pacíficamente», en alusión a la represión policial. Llamó el domingo 23 de mayo a un «diálogo serio» para encontrar una salida a la crisis social iniciada en Colombia el 28 de abril, agravada por la brutal represión policial, y defendió «el derecho a manifestarse pacíficamente».
«La situación en Colombia sigue siendo preocupante. En esta solemnidad de Pentecostés, rezo para que el querido pueblo colombiano sepa acoger (al Espíritu Santo) de forma que, a través de un diálogo serio, se encuentren soluciones justas a los muchos problemas que enfrenta, especialmente los más pobres debido a la pandemia», clamó en la oración del Ángelus ante varios cientos de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.
“Expresamos nuestra solidaridad con aquellos que han perdido sus vidas, o han sido heridos, así como con sus familias”, comentó en su mensaje la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Por su parte, 10.000 profesores colombianos solicitan a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional detener inmediatamente la violencia, investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos sobre la población civil.
Foto: EFE
Organizaciones no gubernamentales también han expresado su indignación por los actos violentos en Colombia, donde se ven afectados niños, niñas y adolescentes.
Varios artistas salieron del silencio y enunciaron su posición en las redes sociales. Algo que llama la atención a millones de fanáticos distantes de la realidad. “Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Pido al Gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político», dijo Shakira el pasado 4 de mayo.
“Lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí. Y le pido en especial al presidente Iván Duque y al Gobierno de Colombia que proteja la vida de los manifestantes, deteniendo la violencia y garantizando sus derechos humanos. Tienen que haber otras vías», comentó Juanes el mismo día.
Carlos Vives, enfatizó: “Lo que está pasando en Colombia es muy grave. ¡Hago un llamado urgente a respetar la vida!”
Leña al fuego
Hace menos de un año, se fortaleció la presencia de efectivos del Ejército de Estados Unidos (EE.UU.) en Colombia. «Para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos», fue la explicación oficial sobre la llegada de soldados estadounidenses.
El presidente de Colombia, Iván Duque, defendió la presencia de los soldados estadounidenses en suelo colombiano y sostuvo que defenderá las «alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre». Los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países permiten la presencia de contratistas extranjeros.
Fue cuando una brigada perteneciente a la Fuerza de Asistencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos, integrada por 800 soldados, arribó a Colombia, según un comunicado conjunto emitido por la Embajada estadounidense en Bogotá (capital) y el Ministerio de Defensa Nacional del país suramericano.
Los militares alcanzaron suelo colombiano para avanzar en la supuesta lucha contra el narcotráfico o “guerra al terrorismo”, aprobado por el Congreso estadounidense. Cerca de 800 bases militares de EE.UU. están asentadas por el mundo, de ellas alrededor de 76 en América Latina. Quizá las más conocidas son: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve en Colombia y ocho en Perú. Así -dicen- enfrentan las principales amenazas.
Colombia es clave en la región, con firmes relaciones y pacto de acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 2013. Para el 2017, ese país invirtió 9.713 millones, equivalentes a dólares, el 3,1 por ciento de su PIB en gasto militar. El segundo más alto -de la región suramericana- gasto militar, sólo por debajo de Brasil.
“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”, advertía Simón Bolívar.
Desde EE.UU. vino eso y el Plan Colombia. Con el texto original en inglés, fue elevado a política de Estado mediante la aprobación en el Congreso estadounidense durante el Gobierno de Bill Clinton.
En un parte de Lawrence Meriage -a nombre de Occidental Petroleum- se revelaba la verdadera intención del Plan Colombia. “El sector privado -de EE.UU.- tiene grandes intereses en ese país y por eso el paquete de ayuda -inicial- por 174 millones debe ser aprobado cuanto antes”.
El periodista Hernando Calvo Ospina, en su libro “El terrorismo de Estado en Colombia”, precisa que es el séptimo país exportador de petróleo hacia EE.UU. y tercero en América Latina, después de Venezuela y México. Diez de las empresas petroleras más importantes del mundo, mayoritariamente estadounidenses, están presentes en Colombia.
Sin embargo, “de la cantidad aprobada por el Congreso estadounidense, el 85 por ciento iba destinado al fortalecimiento del aparato bélico. Mientras que para la represión al narcotráfico, no fue adjudicado un solo dólar. Apenas el 8 por ciento se destinaba a la sustitución de cultivos ilícitos”, afirma el periodista.
“Del hemisferio, son los militares colombianos los que más reciben entrenamiento en EE.UU. (…) Macabra coincidencia: Cuanto más un Estado reprime y asesina a sus ciudadanos, más ayuda militar y policial recibe de Washington”, precisa en el libro que conserva su actualidad, aunque fue publicado hace poco más de una década.
Razones para la justicia
Antes de las protestas, ya existían la pobreza estructural y el hambre en Colombia. Apenas el 10 por ciento de los colombianos han recibido una primera dosis de vacuna alguna, en esta letal pandemia. Mientras tanto, la tercera ola de la Covid-19 deja un saldo superior a los 89.000 muertos y más de 3 millones de contagiados.
La pandemia ha provocado un aumento de la pobreza hasta el 42 por ciento de la población, con un 55 por ciento de la fuerza trabajo que opera en el mercado informal.
O sea, del total de 50,34 millones de habitantes, hay más de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza, en comparación con la cifra de 17,4 millones en 2019, antes de la pandemia.
A ello se suma otro 30 por ciento de la población que está en situación de vulnerabilidad económica. Cualquier crisis lo ubica en riesgo de caer en la pobreza extrema, unos 145.000 pesos (38,65 dólares) por mes. Vivir en la línea de pobreza en Colombia, significa un ingreso individual per cápita de 338.000 pesos (88,42 dólares).
Las cifras del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas indican que un 5,5 por ciento (casi 2,8 millones) más que en 2019, están en precariedad alimentaria. Eso implica que 1,6 millones de familias no pudieron continuar con tres raciones diarias en 2021. Se especifica el daño en los hogares rurales, los que tienen a una mujer como cabeza de familia y a los de indígenas y afrodescendientes.
Desde el 2015, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) reveló que un 54,2 por ciento, es decir, uno de cada dos hogares en Colombia, no podía acceder a una alimentación básica diaria.
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Mucha gente en Colombia ya no tiene nada que perder, aparte de su vida”, dice la representante de Adveniat -congregación episcopal-, refiriéndose a las protestas, mientras elevan una plegaria al cielo.