El columnista Daniel Coronell cuestionó hoy la actuación de la Policía Nacional y la Fiscalía General en relación con los desaparecidos, que suman decenas, en el contexto del paro nacional en Colombia.
En el espacio dominical Los Danieles, explicó que la Fiscalía vive el período más oscuro de su historia y tapar los delitos de los poderosos parece ahora su misión principal.
La entidad busca atenuar, por medio de eufemismos lingüísticos, la gravedad de las desapariciones que, según datos recopilados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, suman 132, comentó.
‘Así como han querido remplazar la expresión masacre por ‘homicidio colectivo’, quieren cambiar desaparición por ‘personas no localizadas’, subrayó Coronell en su columna titulada Doblemente Desaparecidos.
Alertó que el tema es especialmente sensible porque muchos familiares de los desaparecidos prefieren no denunciar los hechos por temor a correr la misma suerte.
El silencio de las familias contribuye a la impunidad porque la falta de denuncias públicas formales sirve para borrar las huellas de las desapariciones, aseguró
Ante la situación actual que vive el país desde el pasado 28 de abril cuando comenzó el paro nacional, la propia Fiscalía reconoce que persisten 99 casos de desapariciones, solo hasta el 10 de mayo, ‘cifra es alarmante aunque notablemente inferior’ a la que dan los colectivos de derechos humanos, dijo.
‘La desaparición forzada casi siempre empieza con el arresto de una persona y la conducción a un lugar no regular de detención’, detalló.
Aseguró que en Colombia ha hecho carrera el uso de una figura legal que establece que la Policía está autorizada para trasladar a una persona a un ‘centro asistencial o de protección’ para evitar el riesgo sobre su vida o la de terceros.
‘Sin embargo, la ley establece que esos traslados solo pueden efectuarse como último recurso para salvar vidas y que antes de hacerlos es imperativo tratar de entregar al arrestado a sus familiares que deben encargarse preferentemente de su custodia’, explicó.
Señaló que la interpretación abusiva de esa norma la ha convertido en patente de corso para conducir civiles a lugares no autorizados de detención.
‘En el mejor de los casos los traslados son aprovechados para golpearlos, insultarlos y amenazarlos’, en contra de las normas establecidas, y en otras ocasiones, simplemente no se vuelve a saber de los detenidos, enfatizó.
Remarcó que la Policía es un cuerpo civil sin facultades punitivas, por lo tanto no puede haber torturas, ni ejecuciones.
‘Si la Fiscalía hiciera investigaciones rigurosas e independientes sobre estos casos –y a eso se sumara una veeduría internacional seria– seguramente no persistiría una de las mayores causas de inconformidad y desconfianza en el Estado’, afirmó.