Organizaciones de Derechos humanos investigan los hechos en Tuluá, donde hombres presuntamente apoyados por la Policía prendieron fuego al Palacio de Justicia.
La ciudad de Tuluá, situada en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, fue epicentro el pasado martes de una represión perpetrada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes de la zona, quienes completan 29 días movilizados por un modelo sociopolítico que contribuya a cesar la violencia y disminuir la desigualdad social en la nación.
Aunque las jornadas de movilización se efectúan pacíficamente, los ciudadanos desde horas de la tarde denunciaron la persecución y ataques por parte del ESMAD con gases lacrimógenos, chorros de agua y hasta disparos, por lo que algunos líderes de la oposición insisten al presidente Duque en la desmilitarización del país.
En los 29 días de movilización las noches se han convertido en una verdadera zozobra y «cacería de brujas», líderes políticos y organizaciones de DD.HH. han denunciado que miembros del ESMAD y grupos de civiles armados (generalmente vestidos con camisas blancas) salen a agredir con armas de fuego a jóvenes manifestantes en los barrios populares del país y en este caso, Tuluá no fue la excepción.
En la noche del 25 de mayo Tuluá registró un hecho deleznable, grupos de civil prendieron fuego al histórico Palacio de Justicia, las llamas acabaron con la obra arquitectónica que además dejó como resultado un estudiante universitario asesinado.
«En medio de la grave situación que se vive en Tuluá, Camilo Arango de 19 años fue asesinado presuntamente por agentes del ESMAD (…) con Camilo son cinco las víctimas mortales en el municipio», informó el medio alternativo, Colombia Informa.
Tras el suceso, varias organizaciones han denunciado que hombres encapuchados presuntamente apoyados por agentes de la Policía y el ESMAD iniciaron el siniestro, el cual se complementó con la estigmatización a la manifestación pacífica, «Tuluá 20 días sin ESMAD. Tuluá hoy con ESMAD. Muertos, incendios y represión», denunció el representante a la Cámara, César Pachón.
El parlamentario Inti Asprilla enfatizó que lo ocurrido en Tuluá no corresponde al accionar de los manifestantes y se pretende culpabilizar a los marchantes, quienes han padecido la represión del ESMAD y las políticas económicas del presidente Iván Duque.
«El paro nunca ha atacado ni ha expresado reclamo alguno respecto a la Justicia colombiana, la quema del Palacio de Justicia en Tuluá es simplemente y llanamente un delito que sirve a los intereses protervos de quienes siempre les ha incomodado esa rama del poder público», apuntó Asprilla.
Por su parte, el alcalde del municipio, Jhon Jairo Gómez, denunció que lo ocurrido en Tuluá fue planificado, «eran cientos de personas, los mismos bomberos lo dicen, fue un tema muy articulado. Anoche se hablaba que venían de otros municipios, de algunos sectores de la ciudad, que eran parte de los que estuvieron en los bloqueos que fueron puestos en libertad casi todos el mismo día de ayer», agregó.
Asimismo, el alcalde Gómez reiteró en declaraciones a medios colombianos, que los agentes del ESMAD nunca le consultaron a él su despliegue en la ciudad, «los disturbios se extendieron a varias calles de la ciudad de Tuluá», recordó.
Represión contra los colombianos
La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores aseveró en su reciente informe que desde el pasado 28 de abril hasta el 25 de mayo, se han perpetrado 3.155 casos de violencia policial, 955 víctimas de violencia física y 43 víctimas de homicidios, presuntamente a manos del ESMAD.
Temblores denuncia 1.388 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 595 intervenciones violentas, 46 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía y 22 víctimas de violencia sexual.
Pese a las alarmantes cifras, el presidente Duque ordenó un mayor despliegue del ESMAD y del Ejército para agredir a los manifestantes bajo el pretexto de «despejar las carreteras».
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