Consideran que la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, no toma en cuenta intereses estratégicos de Marruecos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, responsabilizó este domingo al Gobierno de España de haber creado una crisis en la relación bilateral e intentar ahora que la Unión Europea (UE) asuma los costos de esa crisis, dijo en relación con la presencia en suelo español del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, quien se recupera de las complicaciones de la Covid-19.
En entrevista con un medio francés, el Canciller marroquí dijo que España no consultó a la UE antes de tomar una decisión como esa, “que afecta los intereses de Marruecos”, dijo.
Consideró que España intenta “desviar el debate, de centrarse en una cuestión migratoria”, expresó en alusión a la oleada de migrantes de la semana pasada, cuando unas 8.000 personas provenientes de Marruecos y otras naciones llegaron de manera irregular a las costas de las ciudades de Ceuta y Melilla, aunque luego la mayoría de ellas fueron devueltas.
Precisó que “el fondo de la crisis es un acto de injusticia de España hacia Marruecos, hacia su gente y hacia sus intereses estratégicos”, y dejó claro que su país “no tiene vocación u obligación de proteger fronteras que no sean las suyas”.
Bourita agregó que, al contrario de lo que dice la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya), “no hay contacto entre Marruecos y España desde el estallido de esta crisis y contrariamente a lo que ella dice, Marruecos nunca ha sido informado de la llegada” de Ghali.
Señaló que España es responsable de la crisis y “le toca a ella encontrar la solución” mediante lo que consideró otros procedimientos, pues de lo contrario Madrid estaría “buscando un deterioro y un agravamiento de la crisis, o incluso la ruptura”, apuntó.
Explicó que su país “ha hecho mucho en cooperación migratoria” en función de una asociación estratégica con España y la UE que no es económica.
Recordó que la cantidad que Marruecos recibe de la UE “no supera los 300.000.000 de euros al año, menos del 20 por ciento del costo asumido por el Reino en el contexto de la lucha contra la inmigración ilegal”, aseguró.
Añadió que su país desmanteló en los últimos cuatro años 8.000 organizaciones de trata de personas y abortó 14.000 intentos de inmigración ilegal (incluidos 80 intentos de asalto a la ciudad de Ceuta).
A pesar de las críticas de Bourita, el ministro de Justicia de España, Juan Carlos Campo, aseveró que “vamos saliendo de este conflicto diplomático” y sin lesionar la legalidad vigente ni el derecho de las personas, dijo.
Durante un intercambio con medios españoles, el funcionario explicó que Brahim Ghali continúa ingresado en un hospital de Logroño (norte de España) y fue citado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para declarar en relación a varias querellas contra él, lo que ocurrirá el 1 de junio.
Agregó que la atención a Ghali obedeció a “una cuestión humanitaria” y que Marruecos conserva la condición de “socio prioritario en muchas cuestiones”.
Por último, anunció que gracias a una “mejor coordinación entre las autoridades (de España y Marruecos) tras esa avalancha de 8.000 personas”, alrededor de 7.000 han retornado hasta la fecha.