Europa está al borde de una nueva crisis migratoria. El número de inmigrantes ilegales que llegan de países africanos debido a los agravantes problemas económicos en medio de la pandemia sigue creciendo de forma constante: en los primeros meses de 2021, los territorios de Italia, España y Grecia llegaron a más de 25 mil migrantes. En este contexto, las contradicciones surgidas en 2015 y que han mantenido su adhesión a los principios se están agravando en la UE.
En septiembre de 2020, la Comisión Europea propuso un nuevo pacto migratorio destinado a garantizar «una distribución justa de la responsabilidad y la solidaridad entre los Estados participantes». Además del procedimiento acelerado para la deportación de personas que no recibieron permiso, preveía la siguiente alternativa: el Estado aceptó migrantes y recibió ayuda financiera del presupuesto de la UE a razón de 10 mil euros por persona, o rechazó y pagado por su falta de voluntad. La idea de una «distribución justa de los migrantes» ha causado descontento entre los países de Europa Central y Oriental: Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia calificaron el proyecto como «un intento de socavar su soberanía estatal». Desde septiembre de 2020, no ha habido acuerdo entre los miembros de la Unión Europea.
La experiencia de los últimos años demuestra que en los meses de verano la situación, cada vez más grave, puede empeorar. Por esta razón, Europa está tratando de encontrar una solución rápida y ve una alternativa en la celebración de acuerdos con terceros, como el acuerdo con Turquía en 2016. Como dijo la comisaria europea de Asuntos Internos, Yulva Johansson, en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, «en este momento, las negociaciones ya están en marcha con Túnez y Libia». El único problema es que dichos acuerdos pueden ser utilizados por terceros estados para chantajear a la UE. Esto, en particular, lo confirma el ejemplo de Turquía. Prueba de ello es la situación reciente con la afluencia de refugiados marroquíes.entró ilegalmente en el territorio del enclave español de Ceuta. Según el Ministerio del Interior español, unos 6.000 migrantes llegaron al territorio en tan solo unos días.
Una afluencia tan fuerte de inmigrantes ilegales fue causada por las acciones del gobierno marroquí: este, de facto, permitió a sus ciudadanos salir ilegalmente del territorio del reino del norte de África. El motivo de esta decisión fue la presencia en España del jefe del Frente Popular POLISARIO (Frente para la Liberación de Segiet el Hamra y Río de Oro), oponiéndose al Reino de Marruecos en la lucha por la independencia del Sáhara Occidental. El gobierno del país, enfurecido por la estancia del líder de la organización militante Brahim Gali en tratamiento en un estado europeo, recurrió al chantaje rotundo, obligando a España, abriendo sus fronteras exteriores, a hacer concesiones. Hablando de la situación en torno al enclave español, la comisaria europea Margarit Shinasdeclaró que «la UE no se dejará intimidar». De hecho, poco después del incidente, España inició un proceso judicial contra Gali, acusándolo de violación y varios otros delitos.
El oficial Rabat es muy consciente de la baza que tiene a su disposición. En 2019, Marruecos asumió la plena responsabilidad de brindar protección fronteriza y de patrullar el Estrecho de Gibraltar. El número de inmigrantes que llegan a España disminuyó un 50% durante el próximo año. Además de un instrumento de presión política, el reino recibe un importante apoyo financiero: durante los dos últimos años, la UE y España han financiado a Marruecos por un importe superior a los 200 millones de euros.
A diferencia de Marruecos, donde la situación política es relativamente estable, Libia, con la que la UE está negociando actualmente, sigue atravesando una crisis política. Las elecciones previstas para diciembre pueden estabilizar la situación interna, sin embargo, con un alto grado de probabilidad, no conducirán a la desaparición de todo el espectro de contradicciones. Como resultado, el acuerdo planeado con la UE puede convertirse en un instrumento de presión sobre la Unión Europea, capaz de proporcionar una solución ventajosa a las dificultades que enfrentará el nuevo gobierno en Trípoli. En 2017, Italia ya firmó un acuerdo con ambas partes en el conflicto, comprometiéndose a proporcionar una asistencia material sustancial para las acciones de la Guardia Costera de Libia.
En cuanto a Túnez, la situación del país en cuanto al control de los flujos migratorios es mucho más favorable para la Unión Europea. A diferencia de otros estados del norte de África, Túnez restringe hábilmente sus propias fronteras terrestres para que no penetren en su territorio inmigrantes del África subsahariana y Bangladesh. La mayor parte de los inmigrantes que llegan a Sicilia desde Túnez son ciudadanos del propio país: los jóvenes tunecinos van a Europa a trabajar debido a la desesperada situación económica. La combinación de los hechos anteriores permite al gobierno insistir en la inclusión de disposiciones sobre la prestación de asistencia financiera en el acuerdo planificado.
La complejidad de la situación actual de la UE se ve agravada por la ausencia de un acuerdo con Turquía: el anterior ya ha expirado y la conclusión de uno nuevo será posible una vez finalizadas las negociaciones. Es obvio que Europa no puede prescindir de la ayuda de Recep Erdogan . Como resultado, no se puede prescindir de las concesiones políticas, que pueden costarle prohibitivamente a Bruselas.