El presidente colombiano, Iván Duque, es denunciado en la Corte Penal Internacional (CPI) y el CSNU por crímenes de lesa humanidad durante las recientes protestas.
El senador colombiano Iván Cepeda informó del envío de una denuncia ante la CPI y a las Naciones Unidas en la que acusa a miembros de la fuerza pública de cometer varios abusos y delitos en el marco de las movilizaciones pacíficas en curso desde el 28 de abril en Colombia.
“Denunciamos hoy ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, el ministro de Defensa, el exsenador [Álvaro] Uribe, los generales Zapateiro y Vargas, por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones”, precisa Cepeda en su cuenta de Twitter.
En el documento, los denunciantes —un conjunto de varias organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales como Temblores ONG— piden que la CPI active su competencia para conocer estos crímenes pues, a su juicio, “el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones”.
La solicitud está acompañada de un informe con los casos que registraron varias organizaciones de derechos humanos, sobre 1595 hechos que dejarían en evidencia violaciones de derechos humanos y delitos contra la población civil, que han ocurrido de forma sistemática y se vienen cometiendo, en su mayoría, por unidades policiales.
Los firmantes también solicitan a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que realice una visita a Colombia para constatar los hechos denunciados.
Desde el 28 de abril, toda Colombia es escenario de multitudinarias protestas, convocadas por diversas organizaciones sociales y políticas, en contra del polémico proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque. Aunque el ímpetu de las manifestaciones hizo tumbar el pasado 3 de mayo la mencionada enmienda legal, los indignados no dejan de protestar contra el Gobierno neoliberal de Duque que, para contener las protestas, ha sacado a los militares y tanques a las calles de las principales ciudades del país.
Durante las dos semanas de marchas, los registros de varias oenegés de derechos humanos en Colombia muestran que al menos 42 muertes, 1956 casos de violencia física (entre ellos 28 agresiones oculares y 12 casos de violencia sexual) han ocurrido como resultado de la “violencia homicida” cometida por la fuerza pública.