Los pueblos ancestrales en Colombia también forman parte de los sectores movilizados contra la violencia sistemática, las medidas económicas del gobierno de Iván Duque que atentan contra los derechos de la población y por la paz.
En diferentes puntos del país, con sus costumbres originarias expresan su rechazo a la militarización, a los abusos en el campo, la exclusión y mal manejo de la pandemia.
La Organización Nacional lndígena de Colombia (ONIC) hace un llamado urgente a la comunidad intencional, a los hermanos del Abya Yala y a los demócratas del mundo para que continúen manifestando públicamente y a través de los canales diplomáticos respectivos su preocupación por los hechos de violencia en esta nación suramericana.
Además, para que intercedan ante el gobierno colombiano para que cese el tratamiento de guerra dado a la protesta social.
La ONIC de igual forma solicita que se refuercen las misiones de verificación que permitan levantar información veraz sobre la vulnerabilidad y las múltiples afectaciones a los derechos humanos a la vida e integridad de todas y todos los colombianos.
El colectivo de pueblos ancestrales de Colombia, denunció la violencia en el país desatada por el ‘accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad (Escuadrones Antidisturbios).
‘Hemos sufrido desde hace más de 60 años los rigores de la guerra, además de las afectaciones que, en todos los sentidos deja la pandemia ahora, vemos con dolor como todo el país se convierte en víctima, porque lo que está amenazada es la democracia’, enfatiza.
Agrega que Colombia es una sociedad que le ha apostado a la paz y al mismo tiempo enfatiza que los hechos de vandalismo que se han presentado durante la protesta no los representan.
‘Tampoco podemos aceptar la falta de empatía de este gobierno y su incapacidad para entender que la desigualdad, el hambre y la pobreza conllevan también a la desesperación y a la desesperanza y mucho menos naturalizar que la respuesta a estos hechos sea la violencia estatal’, remarca.
Advierte que los pueblos y naciones indígenas, uno de los actores más decididos en la construcción inequívoca de una sociedad en paz, incluyente, democrática y con justicia social y uno de los sectores más violentados desde la firma de los acuerdos de paz, tienen la autoridad moral para exigir la desmilitarización de las ciudades.
Ese es un requisito indeclinable para que se abra un verdadero diálogo social, que debe convocar a todas las organizaciones y sectores que han participado en el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril, recalca.
Exige al Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo que actúen en el marco de sus deberes constitucionales y legales e investiguen los hechos que enlutan la vida de los colombianos que corroboran la urgencia de una profunda reforma que desmonte la Doctrina de Seguridad Militar según la cual el pueblo es un enemigo interno