Un tribunal de Hong Kong condenó el jueves al joven “activista” de la oposición pro occidental Joshua Wong a 10 meses de prisión. Según informó la estación de radio RTHK, fue declarado culpable de participar en una protesta no autorizada el 4 de junio del año pasado.
Esta fue una “manifestación” programada para coincidir con el aniversario de los trágicos eventos en la Plaza Tiananmen de Beijing en 1989. Por primera vez en 30 años, la policía prohibió este evento anual debido a la amenaza de propagación del coronavirus. Sin embargo, miles de activistas participaron de todos modos, reunidos en Victoria Park con velas encendidas en la mano.
Tres de los asociados de Wong, ex concejales de distrito de la oposición, incluidas dos mujeres de 26 y 27 años, fueron condenados a entre cuatro y seis meses de prisión.
Él mismo ya está cumpliendo condena en otro caso, también relacionado con protestas. A principios de diciembre del año pasado, el “activista” fue condenado a 13 meses y medio de prisión por participar en el asedio a la sede policial el 21 de junio del 2019. En abril de este año, el tribunal agregó cuatro meses más a Wong, de 24 años, en prisión por otro episodio relacionado con su participación en las protestas.
En el verano del 2019, estallaron disturbios en Hong Kong por la intención de las autoridades locales de aprobar un proyecto de ley de extradición que permitiría la extradición de los delincuentes a China continental. Los disturbios continuaron durante varios meses y estuvieron acompañados de cortes de carreteras, violencia, incendios provocados y vandalismo. La policía detuvo a más de 10 mil infractores. Se iniciaron demandas contra más de 2.5 mil personas. En particular, 720 personas están acusadas de participar en los disturbios.
El Parlamento chino aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en el verano del 2020. Como dicen en Beijing, tiene como objetivo combatir las amenazas del terrorismo, el separatismo, el socavamiento del poder estatal y la connivencia con fuerzas extranjeras y prevé la cadena perpetua como castigo máximo. Tras la adopción de este acto legal, muchos activistas radicales de la oposición restringieron sus actividades antigubernamentales en la autonomía y algunos huyeron al extranjero.