El titular del Ministerio Público denunció que algunas instancias han querido invisibilizar o menospreciar el esfuerzo del Estado venezolano.
El Ministerio Público de de Venezuela entregó este viernes un informe actualizado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que expone la gestión en defensa de los derechos humanos y solicita a esta instancia que informe las consideraciones ante los compromisos concretos asumidos por el Estado para garantizar en defensa de los derechos fundamentales.
En un comunicado oficial leído este sábado por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dejó constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del Examen Preliminar en la que se halla el Estado venezolano.
El titular del Ministerio Público denunció que pese a que algunas instancias han querido invisibilizar o menospreciar el esfuerzo del Estado venezolano por garantizar la defensa de los Derechos Humanos.
En los últimos tres años y ocho meses se han imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones de estos derechos. Asimismo, han sido aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, indicó.
Por otro lado, detalló que han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas.
En ese sentido, destacó un caso emblemático como fue de la muerte del concejal Fernando Albán.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en octubre de 2020, ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de este suceso, por lo que el 22 de octubre de 2020, se celebró una nueva audiencia de imputación contra dos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los delitos que se les imputaron fueron de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
Posteriormente, el pasado 13 de noviembre de 2020, se presentó el correspondiente escrito acusatorio.
También mencionó el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
Así como otros casos relevantes, como el ajusticiamiento de cinco hombres ocurrido en el barrio El Limón, en La Guaira, por el que cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron acusados por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
Saab recordó que como parte de los compromisos voluntarios adquiridos por el Estado venezolano, se ha iniciado un proceso de reestructuración de la PNB, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.105 del 13 de abril de este año.
Este proceso tendrá una duración de 6 meses y destacó que en esta propuesta participó el Ministerio Público, junto al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como la Defensoría del Pueblo.
Recordó que la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma por lo que esta instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia, no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado parte.
De ahí, enfatizó que en el tiempo que ha estado al frente del Ministerio Público, ha quedado claro el compromiso por investigar cada violación a los derechos humanos que puedan haber cometido funcionarios de seguridad del Estado.
Sin embargo, alertó que Venezuela ha sentido de la CPI un mutis que no ha ocurrido con otros países. “Esperamos que después de esta última entrega tengamos dichas consideraciones”.
Saab adelantó que en los próximos días, el país hará llegar nuevos avances sobre estos hechos a la CPI