La Cancillería siria denuncia, en los términos más duros, los crímenes que comente Turquía contra los ciudadanos de Al-Hasaka.
A través de un comunicado emitido este domingo, el Ministerio sirio de Asuntos Exteriores ha condenado rotundamente las repetidas prácticas brutales de las fuerzas de ocupación turcas de cortar el agua potable de la planta de Aluk, en la ciudad de Al-Hasaka, sita en el noreste del país árabe, y sus alrededores.
“Las fuerzas de ocupación turcas y sus mercenarios procedieron, durante 16 días consecutivos, a interrumpir el funcionamiento de la planta de Aluk, dejando sin agua potable a más de un millón de sirios a pesar de la crítica situación sanitaria asociada a la pandemia de la COVID-19 y las altas temperaturas”, se lee en el texto, citado por la agencia estatal siria de noticias, SANA.
Tales actos de Turquía, prosigue, que ya superan la cifra de 23 desde octubre de 2019, violan el derecho internacional humanitario, en particular en lo que se refiere a evitar el uso del agua como un arma de guerra.
Asimismo, pide a las organizaciones internacionales, entre ellas, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que presionen a Ankara para que ponga fin a esas prácticas contra los sirios.
Horas antes, esta misma jornada, el vicecanciller sirio, Bashar al-Yafari, había convocado a los representantes del coordinador residente de las Naciones Unidas y los organismos de las Naciones Unidas que operan en Siria, así como al representante del CICR, para informarles sobre la gravedad del tema y pedir el cese de esta injustificada conducta turca.
La planta de Aluk está ubicada cerca de la frontera sirio-turca y es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de Al-Hasaka y de las zonas residenciales circundantes.
Diferentes organizaciones humanitarias sirias e internacionales han repudiado en reiteradas ocasiones que el corte de agua a los civiles constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, incluidos los convenios de Ginebra, que se aplican en tiempos de conflictos armados y buscan proteger a las personas que no participan en las hostilidades