La presidenta moldava, Maia Sandu, pidió a la Procuraduría General que investigue las últimas acciones del parlamento, calificándolas como «un atentado contra el orden legal y un intento de usurpar el poder estatal». Lo anunció luego de una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad, realizada el 23 de abril.
“El parlamento no tiene autoridad para remover jueces del Tribunal Constitucional. El Parlamento hizo un intento inconstitucional de nombrar un nuevo juez del Tribunal Constitucional. Hago un llamado a la comunidad internacional para que siga el desarrollo de los eventos en nuestro país y brinde todo el apoyo”, dijo Sandu.
También exigió que los dirigentes del Ministerio del Interior, la Inspección General de Policía, la Inspección de la Patrulla Nacional y el Ejército Nacional no participen en «acciones inconstitucionales y no obedezcan órdenes ilegales».
La mayoría parlamentaria del Partido de los Socialistas, la facción Shor y el grupo Pentru Moldova en una sesión el viernes decidió revocar el mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional Domnica Manole y sus dos jueces (Luba Shova y Nicolae Rosca) por acciones que se expresaron en “una usurpación de la soberanía del pueblo, y también dictatoriales y antidemocráticas”. El Parlamento declaró al Tribunal Constitucional una institución viciada después de que este concediera el 15 de abril la moción de la presidenta Maia Sandu alegando la disolución de la legislatura y la realización de elecciones anticipadas. Los socialistas también exigieron la dimisión y la usurpación de Sandu, proponiendo elecciones parlamentarias anticipadas a realizarse en paralelo a las presidenciales.