El Gobierno de Nicolás Maduro dice que categorizar a Venezuela como una “amenaza” es “una falacia ideologizada” desde 2015 para sancionar al país.
Siguiendo los pasos de sus antecesores republicanos y demócratas, el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, prorrogó el miércoles la vigencia del decreto que declara a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Biden razonó que la situación en el país bolivariano no ha cambiado en lo absoluto desde 2015, cuando el exmandatario Barack Obama (2009-2017) hizo dicha declaratoria.
En una entrevista exclusiva concedida el sábado a la agencia rusa de noticias el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, enfatizó que su país no representa ninguna amenaza para los demás Estados, y que la decisión se cursó para continuar las medidas coercitivas, limitar las capacidades de producción y seguir provocando daños a los venezolanos.
“Venezuela no representa una amenaza para ningún pueblo en el mundo, eso es una absoluta falacia ideologizada desde el año 2015 contra Venezuela, y lo que significa esto para nuestro país es que la élite dominante en EE.UU. extiende sus capacidades para seguir imponiendo medidas coercitivas unilaterales, para seguir limitando las capacidades de la producción en Venezuela, las capacidades para la importación de medicamentos, de comida y seguir generando daño y sufrimiento en Venezuela”, indicó Arreaza.
El jefe de la Diplomacia venezolana dejó claro que, tras contactos realizados entre el nuevo secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el opositor venezolano Juan Guaidó, Caracas ya no espera nada de la Administración de Biden.
Afirmó que su país “saldrá adelante”, independientemente de los intentos de Washington por presionar al Gobierno de Maduro, que no parecen haber cambiado desde final del mandato del republicano Donald Trump.
Europa, cómplice de EE.UU. para frenar el desarrollo de Venezuela
Arreaza, asimismo, condenó las acciones de las autoridades europeas para frenar el desarrollo y el avance de Venezuela “por todas las vías”, aferrándose a cualquier pretexto. En este sentido, se refirió a las sanciones impuestas recientemente por la Unión Europea (UE) en su contra y repudió que estas buscan afectar el acceso del país bolivariano al financiamiento internacional.
El 22 de febrero, el bloque comunitario impuso nuevas sanciones a 19 funcionarios venezolanos, bajo el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre carecían de los estándares necesarios. Eso, mientras el proceso democrático se había desarrollado bajo la supervisión internacional.
La Cancillería venezolana respondió que las únicas sanciones que el derecho internacional contempla son las adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y que el resto son “contrarias” al derecho, incluyendo, evidentemente, las que impone la UE.