Ambas cámaras del parlamento boliviano votaron a fines del año pasado para acusar a la expresidenta interina Jeanine Añez y a 11 miembros de su gabinete por la muerte de 37 manifestantes contra el golpe de estado militar de noviembre de 2019 contra el presidente socialista Evo Morales.
El liderazgo del régimen de un año de Bolivia pronto podría enfrentar arresto y juicio por cargos de genocidio por las masacres de manifestantes luego del golpe de 2019.
Mientras tanto, el nuevo gobierno del sucesor de Evo Morales, Luís Arce, enfrenta otro desafío a su autoridad luego de que los médicos en huelga extendieran su huelga por otros 15 días.
La semana pasada, Jeanine Áñez, quien gobernó como presidenta interina desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2020, rechazó una citación para reunirse con el fiscal del estado en el departamento del norte de Beni bajo pena de arresto.
Áñez rechazó los cargos en su contra y 11 miembros de su gabinete como «persecución política», calificando el caso en su contra como «infundado».
El viernes, Añez dijo que le habían pedido que asistiera a una nueva audiencia con el fiscal.
Afirmó que el gobernante Movimiento por el Socialismo (MAS) «ha decidido perseguirme por razones políticas» y la había llamado a «testificar en un juicio manipulado», e insistió en que «no me rendiré».
Ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional votaron a fines del año pasado a favor de un informe sobre las «masacres de Senkata, Sacaba y Yapacani, que recomienda una sentencia de responsabilidad contra Jeanine Añez por genocidio y otros delitos». 11 ex ministros de su gobierno fueron también implicado.
Áñez y su gobierno están acusados de otorgar a las fuerzas de seguridad una «licencia para matar» durante las protestas contra su toma del poder, luego de que el presidente del MAS, Evo Morales, fuera derrocado por un golpe militar luego de las protestas de la oposición que alegaban fraude en su victoria electoral el mes anterior.
Al menos seis personas murieron y 115 resultaron heridas por disparos en Senkata, en El Alto, en las afueras de la capital, La Paz. El nuevo gobierno ha reconocido un total de 37 muertes en cinco incidentes en todo el país en ese período, 27 de ellos por heridas de bala.
En el lanzamiento de una campaña de inmunización en La Paz con la vacuna rusa Sputnik V el lunes, Arce criticó a los médicos que se retiraron durante la pandemia de coronavirus por la Ley de Emergencia Sanitaria, que prohíbe las acciones para cerrar los servicios de salud.
«Repudiamos y exhortamos a los médicos que insistentemente quieren entrar en movilizaciones absolutamente políticas porque los argumentos que han planteado son obsoletos», dijo el mandatario. «La gente necesita médicos comprometidos con su gente en lugar de médicos comprometidos con sus bolsillos».