El Gobierno federal mexicano busca acabar con la impunidad en el ejercicio del poder de sus presidentes.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eliminó con un decreto el fuero presidencial, tal como lo había prometido desde su campaña electoral.
Para proceder penalmente contra el Ejecutivo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores, que deberá entonces resolver con base en la legislación penal aplicable.
La medida contempla que el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado un ciudadano.
Las modificaciones necesarias a la Constitución para dicho propósito fueron previamente avalados por las Cámaras de Diputados y Senadores, así como por los Congresos estatales.