La imposición de nuevas medidas coercitivas contra Venezuela, esta vez por la Unión Europea, confirma hoy la persistencia de poderes externos en interferir en asuntos de la nación sudamericana mediante acciones punitivas.
A menos de dos semanas de divulgarse el informe de la relatora especial de la ONU Alena Douhan, sobre el impacto de las sanciones en la economía y el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos, el bloque regional hizo caso omiso de los señalamientos de la experta.
En tal sentido, la Unión Europea incluyó en su lista unilateral de sancionados a 19 funcionarios de Venezuela, incluidos altos dignatarios, magistrados y representantes de los poderes públicos, como represalia por la celebración de las elecciones del 6 de diciembre último.
El ente comunitario consideró que los comicios legislativos incumplieron con los ‘estándares democráticos’ y carecieron de garantías, a pesar de contar con el visto bueno de cientos de observadores internacionales, quienes validaron su transparencia y legitimidad.
En un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno bolivariano calificó la nueva maniobra injerencista como una reacción por la ‘manifiesta ineficacia’ de las acciones para forzar un cambio de régimen en el país sudamericano.
‘Estas erráticas decisiones revelan además la incapacidad del bloque europeo para atender, respetar y aceptar la voluntad del pueblo venezolano, y deja en evidencia, una vez más su anacrónica política intervencionista e injerencista hacia Venezuela’, subraya la denuncia.
Asimismo, Caracas señaló esta acción ilegal como una afrenta a la Organización de las Naciones Unidas, la cual, a través de su relatora especial sobre medidas coercitivas, exigió el levantamiento de las denominadas sanciones.
Al intervenir ante la Sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió las acciones de presión desmedida a través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra el país.
‘(…) Venezuela ha sido privada de al menos 30 mil millones de dólares en efectivo, que forman parte de los activos de la República en el exterior, recursos que debieron, y deben ser, utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo’, aseveró el mandatario.
Maduro destacó la amplia agenda de reuniones desarrollada por la relatora especial de la ONU, la cual le permitió le permitió dialogar con diversos actores políticos, empresariales y sociales sobre la realidad venezolana.
Al respecto, el jefe de Estado calificó de contundentes las conclusiones del informe preliminar presentado por la experta, al demostrar que las acciones punitivas de Estados Unidos y la Unión Europea, ‘como herramienta deliberada’ para un cambio de régimen, violan el derecho internacional.
En rueda de prensa ofrecida al término de su reciente visita oficial a Venezuela, la experta independiente de la ONU instó al Gobierno estadounidense y sus aliados a levantar todas las medidas coercitivas adoptadas contra Caracas.
Douhan aseveró que las acciones ilegales implementadas por Estados Unidos frenaron el desarrollo del país debido al severo impacto ocasionado a su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento durante los últimos años.
Reconoció además que la aplicación de tales acciones afectó el acceso del país a medicamentos y alimentos, lo cual generó un efecto devastador en la salud de la población venezolana, además de acentuar el escenario de crisis y las tensiones internas, con repercusiones en el flujo migratorio y la separación de las familias.