El Tribunal Constitucional de Moldavia rechazó el reclamo contra el aumento del estatus del idioma ruso

El Tribunal Constitucional de Moldavia Moldavia rechazó el reclamo contra el aumento del estatus del idioma ruso. Así lo anunció el jueves después de la sesión judicial su presidente, Domnica Manole.

«El tribunal consideró las solicitudes de los diputados Octavian Cicu y Dinu Plyngău, en las que solicitaban hablar sobre la Ley «sobre el funcionamiento de las lenguas en el territorio de Moldavia», que fue aprobada por el Parlamento el 16 de diciembre y declaró que no se ajustaba a la Constitución. La decisión es definitiva, no puede ser impugnada y entra en vigor en el momento del anuncio», dijo Manole. En esta ley, el ruso fue designado como el idioma de la comunicación interétnica.

En vísperas del ex presidente Igor Dodon dijo que el mayor Partido Socialista (PSRM) encabezado por él hará todo lo posible para defender el estatus de la lengua rusa, que es utilizada por más de un tercio de la población. Perdió su estatus internacional en el 2018, cuando el Tribunal Constitucional, a petición de los diputados del Partido Liberal que abogaban por la unificación con Rumania, declaró obsoleta la ley «Sobre el funcionamiento de las lenguas en el territorio de la República Socialista Soviética de Moldavia», aprobada en 1989. Según este documento, el moldavo fue reconocido como el idioma estatal de la república y el ruso recibió el estatus de medio de comunicación interétnica.

En diciembre del año pasado, el parlamento moldavo, por iniciativa de los socialistas, aprobó una nueva ley sobre el funcionamiento de los idiomas, en la que el idioma ruso volvió a ser internacionalizado, y Dodon la firmó el 18 de diciembre, pocos días antes de su finalización de la presidencia. Según él, los organismos estatales, los funcionarios están obligados a proporcionar a los ciudadanos información en idioma ruso.

Diputados del pro europeo Partido Acción y Solidaridad, que apoya a la actual presidenta Maia Sandu, al Partido Demócrata y otros partidos, cuyos representantes boicotearon la reunión parlamentaria de diciembre, en la que se aprobó la nueva ley lingüística, y luego la impugnaron en el Tribunal Constitucional, se opusieron a la iniciativa de los socialistas sobre el idioma.

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