Anteriormente, el Tribunal de Justicia de la UE acusó a Hungría de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación de la UE sobre la concesión de asilo y el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en el país. Sin embargo, las autoridades húngaras todavía (desde mayo del 2020) no reaccionan a la decisión.
«Desde que se emitió el fallo judicial, ha habido más de 2.300 expulsiones», informó EUObserver. Se trata de la expulsión de solicitantes de asilo a la zona fronteriza próxima a la vecina Serbia. Las cifras policiales también muestran que la práctica continúa.
Varios activistas de derechos humanos han pedido a la guardia de fronteras y costas de la UE Frontex que suspenda su participación en los controles fronterizos en Hungría. El titular de Frontex, Fabrice Leggeri, dijo que podría recurrir a tal paso si el Estado comete graves violaciones.
El liderazgo de la UE aún no ha comentado sobre la probabilidad de medidas contra Hungría.