El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha solicitado al Gobierno la declaración de la ciudad como zona catastrófica y ha anunciado que la cuantía preliminar de los daños del temporal de frío en la ciudad ascienden a 1.398 millones de euros, una cifra que previsiblemente aumentará según avance el análisis del impacto de ‘Filomena’.
«Solicitamos al gobierno de la nación la declaración de Madrid como zona catastrófica». En rueda de prensa, el regidor municipal ha confirmado un paso que ya anunció hace unos días y que ha defendido en las últimas horas como «viable» desde el punto de vista jurídico.
Según datos del consistorio aportados hoy por Almeida, actualmente están trabajando en la capital 8.000 trabajadores para limpiar los 1.250.000 de kilos de nieve que dejó Filomena en la ciudad.
Una de las consecuencias más repetidas del temporal ha sido la caída de árboles. Para ello, desde hoy la ciudad contará con 1.1000 personas que revisarán el estado del 1.700.000 árboles de la ciudad. Primero se revisarán los 800.000 que están ubicados en las calles, para llevar a cabo lo antes posible la retirada de ramas, y después en parques.
En declaraciones previas, Almeida ya avanzó que las pérdidas por los destrozos ascenderían a «varios cientos de millones de euros» a consecuencia de la gran cantidad de árboles caídos en parques como la Casa de Campo o ‘La Nevera’ del colegio Ramiro de Maeztu, que se derrumbó y en cuya reconstrucción la Comunidad invertirá 1,5 millones de euros.
Estos «graves daños en la ciudad» identificados «conforme se recupera el acceso a instalaciones y edificios» es lo que ha motivado al Consistorio a solicitar la declaración de zona catastrófica porque «hay daños muy importantes tanto en bienes privados como municipales», explicaba el regidor en días pasados.
Según ha especificado Almeida este jueves, la declaración, además de un reconocimiento legal de una «catástrofe sin precedentes», aportaría líneas de subvenciones y avales para ciudadanos afectados así como para la actividad económica, especialmente para los sectores de la hostelería y el comercio, ya en sus peores horas por la pandemia. Por último, la declaración supondría una aportación de fondos al Ayuntamiento para hacer frente a los efectos del paso de la borrasca en la ciudad.
¿Y si el Gobierno rechazara la declaración? Preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa, Almeida ha insistido en que «se dan las condiciones» pero ha avisado a los madrileños de que el Ayuntamiento no les dejará «tirados».
Ayuso pedirá reconocer como zona catastrófica a toda la región
Otros alcaldes, de todos los signos políticos, también han anunciado la petición aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría englobar las peticiones al anunciar que solicitará el reconocimiento de zona gravemente afectada por una emergencia para toda la región.
En declaraciones a los medios este jueves, la presidenta ha detallado que esta petición se abordará en el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno, una vez los consejeros hayan evaluado los daños en sus áreas. «Según la ley, la Comunidad cumple con los requisitos para acogerse a esta declaración. Primero porque ha sido gravemente afectada por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles de la Administración y por la paralización de los servicios públicos esenciales», ha señalado.
Lo pide PP, pero también PSOE
Esta declaración ha sido objeto de un movimiento conjunto del PP de la Comunidad de Madrid que ha presentado de forma generalizada mociones para solicitar ser zona catastrófica en los municipios afectados ante los «importantes daños a bienes públicos y privados», en concreto lo ha hecho en 74 ayuntamientos de la región. Pero no todos los regidores que van a solicitar la zona catastrófica son del PP.
Algunos Ayuntamientos liderados por el PSOE también entienden necesaria esta medida. Es el caso de Alcobendas, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio o Aranjuez, ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco y una de las ciudades más afectadas por el temporal de nieve.
Una petición que tampoco se ve con malos ojos desde el propio PSOE. En la pasada Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se mostró «abierto» a que se declarara la Comunidad como zona catastrófica aunque recalcó que lo primero era culminar la «fase de respuesta».
El Gobierno pide no precipitarse
A pesar de la claridad con que varios consistorios, e incluso el PSOE, ven la necesidad de declarar zona catastrófica por las consecuencias de la nieve, el Gobierno ya ha avisado de que habrá que cuantificar los daños antes de dar ayudas y en ese análisis se encuentra desde el martes. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, incluso llegó a indicar en una rueda de prensa que ni siquiera se activó esa figura ante riadas importantes que ocurrieron en el pasado en algunas zonas del país.
Sin embargo, el Gobierno podría declarar a iniciativa propia una ‘zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil’, sin esperar a su solicitud por las administraciones autonómicas que en este caso han resultado perjudicadas por ‘Filomena’, si así lo proponen al Consejo de Ministros los ministros de Hacienda y de Interior, o en su caso los titulares de otros departamentos afectados.
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de julio de 2015, la normal contempla la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para adoptar «medidas de reparación», tales como la exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de cotizaciones de la Seguridad Social, así como la consideración «de fuerza mayor» algunas suspensiones de contratos de trabajo o bien incluso la reducción de una jornada de trabajo que haya tenido como «causa directa» tal situación de emergencia.
La ley incluso prevé la posibilidad de conceder ayudas en caso de catástrofe aunque no se declare previamente un área como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y además, el Consejo Nacional de Protección Civil puede acordar los precios unitarios de coste de servicios para facilitar la cuantificación de gastos en los convenios de colaboración cuando concurran en la emergencia varias administraciones.