El anuncio realizado este lunes por el Gobierno de Estados Unidos de que Cuba ha sido incluida de nuevo en la lista espuria de países que patrocinan el terrorismo, muestra una vez más el culto a la mentira y la doble moral que caracteriza al accionar político de esa administración.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, desde su cuenta en Twitter, reprobó la medida proclamada por Washington: «Condenamos la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo».
«El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas», apuntó el Ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Pedro Luis Pedroso, embajador de la Isla ante Naciones Unidas, calificó de vergonzosa la decisión; en tanto Johana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la describió como una gran mentira muy dañina para Cuba, «en aras de justificar y apretar aún más el cerco económico y financiero que dificulta la vida de 11 millones de personas».
Tablada explicó en su cuenta de Facebook que lo que busca la administración de Donald Trump es «satisfacer a una minoría reaccionaria que lucra con el deterioro de las relaciones, constituye un acto escandaloso de corrupción política de Trump y Pompeo, y una bochornosa decisión que desmoraliza aún más la política exterior de Estados Unidos».
La revisión del Departamento de Estado en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, sobre el comportamiento de Cuba, fue completa y decisiva para concluir que este país no pertenecía a la lista de patrocinadores del terrorismo. «Nada ha cambiado desde entonces», explicó la funcionaria.
Considerar lo contrario es de una hipocresía sin parangón. Cuba ha sido víctima constante durante más de 60 años de acciones violentas organizadas, financiadas y dirigidas por EE. UU.
En territorio de esa nación encontraron refugio seguro connotados terroristas, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, autores intelectuales del horrendo crimen de Barbados, por solo citar dos ejemplos de una lista bien extensa.
La nación imperial desarrolló una cruel guerra biológica contra nuestro país, patrocinó ataques a poblados indefensos, secuestró y hundió embarcaciones de pescadores y, más recientemente, siendo consecuente con una práctica de años, guardó silencio ante el grave ataque con arma larga a la Embajada cubana en Washington, el 30 de abril de 2020.
La repulsa, incluso dentro de EE. UU., no se ha hecho esperar. «Cuba no es un Estado terrorista», afirmó Ben Rhodes, al reaccionar a la decisión del Departamento de Estado. El exasesor del gobierno de Barack Obama la calificó de «basura politizada» para atar las manos en tema Cuba al gobierno que ocupará la oficina oval en Washington el 20 de enero.
El senador Patrick Leahy, demócrata por el estado de Vermont y próximo presidente pro témpore del Senado, expresó: «Esta designación, descaradamente politizada, es una burla de lo que había sido una forma objetiva y creíble de medir el apoyo activo de gobiernos extranjeros al terrorismo. Aquí no existe nada remotamente parecido».
«Volver a Cuba a esta lista es claramente una decisión políticamente motivada, una recompensa a los aliados políticos nacionales de la administración Trump durante sus últimas semanas, en lugar de un paso efectivo en la política exterior», dijo el presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola), Geoff Thale.
Es un paso vengativo que perjudicará al pueblo cubano, y no hará nada que realmente promueva los derechos humanos o los intereses de Estados Unidos, apuntó Thale.
La primera vez que la Mayor de las Antillas fue incluida en esa lista negra fue en 1982, bajo la administración de Ronald Reagan.
Devolver a Cuba a la unilateral nómina es una acción que las autoridades de la Isla rechazan, por considerarla ilegítima, cobarde y sin sentido.